De acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) las policías de 21 estados pagaron por adelantado 122 millones de pesos para la adquisición de armas y municiones, pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no las entregó.

La investigación realizada a las auditorías a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), reveló que el problema se agudizó en los estados en que se dispararon los índices de inseguridad debido a que autoridades estatales no han recibido armamento para enfrentar a los grupos criminales.

En 2020 el Gobierno de Chihuahua pagó 22 millones de pesos a la Sedena para comprar 570 armas y 714 mil cartuchos, pero hasta agosto de este año seguía sin recibir ese armamento. Esta problemática no se presenta sólo en Chihuahua.

El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la Sedena omitió la entrega de 122.4 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos, así como cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país.

Los 21 estados que pagaron el armamento y no se les entregó fueron: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El incumplimiento de la Sedena para entregar armas se agudizó el año pasado, siendo de 122 millones en 21 estados, sin embargo, el problema persiste desde 2018 cuando la ASF identificó 32 millones en armamento no entregado a 9 estados y en 2019 se elevó a 42 millones en 11 estados.

Hasta el arranque del segundo semestre de este año, cuando se realizaron las auditorías, la mayor parte del monto seguía sin ser entregada a las Fiscalías y Secretarías de Seguridad de los estados mencionados.

En la mayoría de los casos se carece de un convenio interinstitucional para la adquisición del armamento y municiones. Sólo tres estados reintegraron parte de los recursos, por un total de 5 millones 792 mil 716 pesos, de las armas no entregadas.

Entre los estados afectados, que no recibieron el armamento pagado, están siete que se ubican entre los diez más violentos del país: Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y CDMX.