La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos-Farjat, propuso a la Primera Sala declarar infundada la controversia constitucional contra el acuerdo de que las Fuerzas Armadas hagan labores directas de seguridad pública por lo menos hasta marzo de 2024.

El proyecto concluye que el Ejecutivo sí tenía facultades para emitir el acuerdo y no invadió atribuciones del Legislativo, pero no se pronuncia sobre otros temas como posibles violaciones a derechos humanos por la militarización de la seguridad pública.

El Ejecutivo expidió el acuerdo en uso de una facultad que le confirió la reforma constitucional de 2019 por la que se creó la Guardia Nacional (GN), cuerpo en teoría civil y adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, integrado en su mayoría por militares y bajo control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional desde octubre de 2020.

En mayo de 2020, la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados impugnó el acuerdo mediante una controversia constitucional.

La SCJN también tiene pendientes controversias de los gobiernos de Michoacán y Colima contra el mismo acuerdo, pero las eventuales sentencias sólo tendrían efectos en esas entidades.

La Sala revisará este proyecto sólo dos días después de que un tribunal colegiado de circuito confirmó, en definitiva, un amparo que declara inconstitucional el acuerdo, pero que aparentemente no lo invalida, sino que sólo tiene efectos en favor de México Unido contra la Delincuencia (MUD), la asociación civil quejosa, según una información del periódico Reforma.