El Consejo de ministros del Gobierno de España informó que, a través de un decreto real, la periodista Lydia Cacho obtuvo la ciudadanía española esto por el riesgo a su vida derivado de las múltiples amenazas que ha recibido.

A través de un comunicado el consejo señaló que la situación de la escritora es “vulnerable” pues Cacho ha sufrido torturas, así como seis atentados y se encuentra amenazada de muerte, por lo cual actualmente reside en Madrid con una autorización temporal.

Destacaron que sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, la periodista ha contribuido a la lucha contra la trata de personas en todo el mundo, en temas de violencia de género, salud, niñez, delincuencia organizada, así como en la redacción y asesoramiento de leyes contra la trata y pornografía infantil.

De igual forma mencionaron que se encuentra estrechamente vinculada con España pues ha colaborado de forma regular con medios españoles, así como con diferentes organizaciones y entidades.

Debido a lo anterior, el Consejo de Ministros aprobó un decreto real por el que se le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza.

El de Lydia Cacho ha sido uno de los siete reales decretos concedidos a este tipo de nacionalidad: Nélida Piñón, escritora brasileña y Premio Príncipe de Asturias de las Letras; Óscar Martínez, autor teatral argentino; William D. Chislett, periodista británico; Ana Matnadze, jugadora georgiana de ajedrez; Fraidelyn Padua, hija de una mujer de República Dominicana asesinada por su pareja en España, y Dounia el Ghorfi, de origen marroquí, víctima de abandono y malos tratos domésticos.

El caso Lydia Cacho

El caso se inició en 2005, cuando la periodista publicó el libro "Los demonios del edén", en el cual denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, destacando a Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables de dicha red.

En diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia. La demanda había sido interpuesta por Nacif.

Según denunció la periodista, durante su traslado por tierra desde Cancún a Puebla fue sometida a tortura para intentar callarla y que desmintiera el contenido de su investigación. Sin embargo, Cacho fue exonerada de las acusaciones en su contra en enero de 2006.

En febrero de ese año, se dio a conocer la grabación de una conversación telefónica entre Mario Marín Torres, entonces gobernador de Puebla, y Nacif, en la cual se reveló la complicidad del exmandatario en los actos de tortura, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió una investigación.

La investigación se mantuvo estancada unos años, hasta que en abril de 2019 se emitieron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

El empresario Jean Succar Kuri fue condenado a 93 años de cárcel, por el delito de trata de menores y pornografía infantil; Mario Marín fue detenido en Acapulco, donde continúa en prisión; mientras que Kamel Nacif se mantiene en Líbano, pero en julio de 2021 fue amparado en México por la magistrada Selina Haidé Avante Juárez.