Para el diputado local, Oswaldo Jiménez López, la reforma que presentó el mandatario local, Miguel Barbosa Huerta para eliminar candados en la designación para encabezar la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, sí tiene “dedicatoria política” aunque aún no se puede afirmar a quién va dirigida.

En entrevista para e-consulta, el diputado de la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN), sugirió que los tiempos en los que se presenta esta iniciativa abren las puertas para interpretar esta reforma como un mensaje de cambio, pero hasta el momento son especulaciones.

"No conozco el contenido de la iniciativa; pareciera que sí trae dedicatoria, por el momento en el que se manda, pero son solo especulaciones", declaró.

Oswaldo Jiménez, vocal de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado en el legislativo local, aseguró que esta iniciativa aún no es revisada por los integrantes de la comisión pero consideró que el mandatario local busca flexibilizar los requisitos para el próximo auditor.

“Es para flexibilizar los requisitos para el que pudiera ser auditor, sin embargo, primero debemos ver si el auditor se va o renuncia”, explicó.

Antes de que entrara en funciones la LXI Legislatura del Congreso del Estado, los diputados electos consideraron que el desempeño del actual titular de la ASE, Francisco Romero Serrano debería ser evaluado para analizar su posible destitución, aunque su periodo termina en 2026 pues desde 2019 fue electo para dirigir la ASE por siete años.

Oswaldo Jiménez aseguró que, para lograr su destitución, deberían demostrar que Sánchez Serrano ha incurrido en actos violatorios de fuerza mayor, pero en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso de Puebla, la ley no será retroactiva para Romero Serrano.

Este jueves Barbosa Huerta envió al Congreso de Puebla una reforma para permitir que la o el próximo titular de la ASE no sea de Puebla y sea alguien que haya encabezado alguna secretaría o dependencia del gobierno estatal en los últimos tres años.

La propuesta consiste en modificar la fracción I y IV del artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Esta iniciativa se da luego de que la diputada local Olga Lucía Romero Garci-Crespo (de Morena), presidenta de la Comisión Inspectora, aseguró que no hay fecha para que la Auditoría revise las irregularidades en los procesos de entrega-recepción que han denunciado más de 12 presidentes municipales.

Destacó que aún tienen retraso en seis investigaciones que quedaron pendientes en 2018 y  todas las investigaciones rezagadas de 2019.