A dos años de que el presidente municipal de Teziutlán Carlos Enrique Peredo Grau interpuso una denuncia por desvío de recursos en contra del exedil Antonio Vázquez Hernández, la excontralora Leticia Viveros Hernández y la extesorera Alejandra Gallegos Díaz, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, sigue sin fincar responsabilidades, resultado de la investigación.

Cuando en el 2018 Peredo Grau rindió protesta para llevar la administración municipal durante tres años, realizó una evaluación de las condiciones en las que recibió al ayuntamiento, en el proceso detectó anomalías, de las cuales la ex síndico municipal Silvia Pérez Rodríguez presentó pruebas frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), que a su vez turnó el asunto a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y entonces la Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió un proceso de escrutinio.

En sus observaciones la ASE reveló que la deuda al erario que mantiene la administración de Antonio Vázquez Hernández asciende los 150 millones de pesos, toda vez que el exfuncionario no ha podido comprobar esta suma, sin embargo, la revisión continua en proceso, por lo que no se han definido las sanciones correspondientes.

Entre las anomalías que se detectaron están la venta de 13 vehículos oficiales:

·         Cuatro camionetas NP 300 Nissan 2014

·         Una camioneta Fiat Strada 2014

·         Una camioneta Jeep Patriot 2013

·         Un auto Peugeot 2011

·         Una camioneta Chevrolet Equinox 2018 (asignada al Centro de Reinserción Social de Teziutlán)

·         Una camioneta Ford Ranger 2015 (adquirida con recursos federales del Subsemun)

·         Una camioneta RAM 4000 pluma montada

·         Una camioneta NP 300 Nissan 2016

·         Una camioneta Ford F – 450 Super Duty

·         Una camioneta Chevrolet Trax 2015

De acuerdo con la versión del ayuntamiento los vehículos fueron vendidos a supuestos prestanombres del expresidente Antonio Vázquez y algunos de los funcionarios que trabajaron en la administración; el daño que dejó la venta de estos bienes muebles equivale a los 3 millones 618 mil pesos, de acuerdo con estimaciones de la coordinación de la Auditoría Financiera y Contable de la Contraloría del Ayuntamiento de Teziutlán.

Esta denuncia que presentó la ex síndico municipal María Silvia Pérez Rodríguez quedó asentada dentro de la carpeta de investigación CDI1341/2019/TEZIU1.

Un estadio que nunca se construyó

Otra de las anomalías detectadas fue el desvío de 17 millones 982 mil pesos que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta otorgó al municipio, cuando era senador del Congreso de la Unión, en el año 2017, para la reconstrucción del estadio municipal. 

Fue a través de recursos federales, gestionados por el actual gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) en el 2017, cuando se inició la ejecución de la obra denominada “Construcción de Unidad Deportiva para el municipio de Teziutlán”, por un monto de 17 millones 982 mil pesos a favor del contratista “Construcciones y Diseños Lara S.A. de C.V.”, cuyo periodo de ejecución comprendió del 04 de noviembre del 2017 al 31 de diciembre del mismo año.

Para el 2018 en las observaciones de la obra se detectó que el procedimiento de ejecución se hizo mediante una licitación pública, pero no se encontró la respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación y en medios de difusión local, tal como lo establece la legislación en la materia.

En el expediente también se verificó la ausencia de firmas autógrafas de los participantes y se acusó un posible conflicto de intereses, ya que el director de Fondos Federales es también presidente del Comité de beneficiarios de la obra y supervisor de la misma.

Otra inconsistencia fue que el recurso asignado se debió emplear para la construcción de un estadio municipal, pero se ejecutó en el “Parque recreativo el Pinal”, obra ajena a la autorizada, por lo que solo se rehabilitó un espacio ya existente.

Esta rehabilitación tuvo un costo total de 3 millones 856 mil 597 pesos, por lo que existe una diferencia de 14 millones 125 mil 402.50 pesos, recurso del cual no se ha podido comprobar su destino.

Sobre esto Carlos Peredo Grau comentó: “cuando Barbosa siendo gobernador vino y vio que de los casi 18 millones de pesos que gestionó para el municipio no se invirtió un peso, imagínense la molestia del señor, cuando se dio cuenta de que no se puso un solo tabique”.

Debido a lo anterior se inició el procedimiento de investigación por la Contraloría Municipal, luego fue remitido a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría del estado para los efectos administrativos y legales conducentes.

La Auditoría Superior de la Federación, determinó que la documentación que integra el expediente de la obra carece de la debida justificación y comprobación, por lo que observa un monto de 17 millones 982 mil pesos, los cuales hasta esta fecha no tiene solventados el exedil Edgar Antonio Vázquez Hernández.

El desfalco millonario al Sosapatz

En la carpeta de investigación CDI1342/2019/TEZIU1 que se inició en contra del exdirector general René Salazar García y la exdirectora administrativa, Ivonne del Carmen Campos Camacho, del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Teziutlán (Sosapatz), se denunció un desvío de recursos de 7.3 millones de pesos.

De acuerdo con la acusación del ahora exdirector del Sosapatz, José Hugo Marín Torres, su antecesor Salazar García, desvió recursos etiquetados para obras de mejoramiento de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

En su lugar se realizaron supuestas obras de pavimentación de las cuales no hay evidencia.

A 13 días de que se cumplan dos años desde que salieron a la luz las inconsistencias de la administración de Antonio Vázquez Hernández, el proceso de investigación en contra del exedil continua y no se han impuesto sanciones por el delito de peculado.

Situación que contrasta con la de otro exedil panista, Leoncio Paisano Arias, quien actualmente se encuentra preso por el mismo delito, que fue denunciado por la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca.