El estado de Puebla presenta retrasos en la implementación de estrategias de gobierno abierto, y aunque desde 2018 se creó un organismo para el diseño de este tipo de medidas, éste es inoperante.

Fue el 15 de noviembre de 2018, bajo la administración de José Antonio Gali Fayad, que se firmó la Declaratoria Conjunta de Gobierno Abierto, en la que participaron el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Enrique Robledo Rubio, la coordinadora estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, Josefina Buxadé Castelán, y la entonces comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), Gabriela Sierra Palacios.

En este documento se acordó la creación de un Secretariado Ejecutivo de Gobierno Abierto del Estado de Puebla, “como un órgano colegiado responsable de coordinar, incorporar e implementar acciones de gobierno abierto”, y que estaría integrado por los organismos firmantes de la declaratoria, así como representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, hasta el 15 de junio de 2021 no se habían tenido sesiones de trabajo, como confirmó el ITAIPUE en respuesta a la solicitud de información con número de folio 00826421, en la que se le cuestionó con respecto a qué “acciones ha desarrollado el instituto para el impulso del gobierno abierto desde la firma de la declaratoria a la fecha”.

En su respuesta, el ITAIPUE indicó que “no se ha citado al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIPUE) a reuniones del Secretariado Ejecutivo de Gobierno Abierto del Estado de Puebla”.

Con respecto a las acciones concretas puestas en marcha por el instituto en temas de gobierno abierto, mencionó capacitaciones, la carga de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, el rediseño de su portal oficial, y la difusión de diversos contenidos relacionados con el acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.

Vale la pena precisar que las políticas de gobierno abierto no buscan sólo la publicación de información por parte de las autoridades, sino que promueven la apertura de canales de comunicación entre gobierno y sociedad para el diseño de estrategias e iniciativas en conjunto para la atención de temas de interés social.

Portal sin actualizar

Por otra parte, si bien la administración estatal cuenta con el portal Gobierno Abierto, Participativo y Eficiente (GAPE), este no ha sido actualizado desde 2018, lo cual representa un detrimento al derecho de acceso a la información pública.

En este sitio web se tiene publicada información sobre reuniones o acciones implementadas por administraciones pasadas para la atención de diversos temas, como el diseño del portal Puebla Activa, en el que se difundieron datos con respecto a la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017.

Por cada una de las propuestas que se enlistan en el portal se despliega una ficha con datos generales, y se observa que las más recientes son de finales de 2018.

A esto se suma que en marzo de 2020 el Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para desaparecer la Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto, cuyas funciones fueron asumidas por la Secretaría de Administración.

Como parte de este ajuste administrativo, se creó la Subsecretaría de Transparencia y Gobierno Digital, la cual es la responsable de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en la materia por parte de las dependencias y organismos de la administración estatal, así como la generación de estrategias de capacitación y orientación en la materia.

Pese a esto, muchas de las áreas de esta subsecretaría están vacantes, como son las direcciones de Gobierno Abierto y de Transparencia, así como el departamento de Transparencia Proactiva, esto de acuerdo al directorio publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, actualizado al segundo trimestre de 2021.

Esta situación representaría un obstáculo en el diseño de verdaderas políticas públicas en materia de apertura gubernamental, en particular en lo referente en temas como gobierno abierto y transparencia proactiva, que representan herramientas importantes de vinculación entre gobierno y sociedad.

Negativa desde 2015

La falta de acciones en materia de gobierno abierto no es responsabilidad única del gobierno del estado, pues de acuerdo con documentos proporcionados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano garante local también es responsable de este retraso.

En respuesta a la solicitud de información número 0673800093421 el INAI reportó que fue desde abril de 2015 que se invitó a la entonces Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla (CAIP) a sumarse a la estrategia de gobierno abierto a nivel nacional, pero se obtuvo una respuesta negativa.

En un correo electrónico enviado el 29 de abril de 2015 por Francisco Álvarez Córdoba, director general de Gobierno Abierto y Transparencia del entonces IFAI, se le notificó a la comisión local los mínimos necesarios para la construcción de un proyecto de gobierno abierto, que incluía la instalación del secretariado técnico local, con participación de la sociedad civil; la conformación de un plan de acción local y la creación de un portal de internet para la difusión de información del secretariado.

Para el 6 de mayo de 2015, Javier Fregoso Sánchez, en su calidad de comisionado presidente de la CAIP, envió un oficio al IFAI en el que se indica: “los miembros del Pleno de esta Comisión hacemos de su conocimiento que en este momento no nos encontramos en condiciones de realizar el ejercicio en cuestión”.

Seis años después, Puebla sigue sin sumarse al ejercicio federal, tal y como se observa en el portal del INAI.

De acuerdo con los reportes públicos de la estrategia “Cocreación desde lo local”, impulsada por el INAI como un mecanismo para el fomento de políticas de Gobierno Abierto en los estados y municipios, sólo Puebla y Nuevo León no se han sumado a ésta.

Todo lo anterior representa un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana en el estado de Puebla, ya que el gobierno abierto busca la apertura de la administración hacia la sociedad, y la generación de canales de vinculación entre ambas partes para el diseño de acciones para el bien común.

Ante la falta de este tipo de políticas, se mantiene una comunicación unidireccional y se carecen de espacios reales para que la sociedad aporte propuestas para la atención de temas de interés.

Nota publicada originalmente en http://conlosojosabiertos.org.mx/nota/2021-08-16/puebla-con-retrasos-en-politicas-de-gobierno-abierto