En el Congreso de Puebla se plantearon nuevas reglas para el cambio de nombres de personas, entre ellas una que por primera vez permitiría suprimir un nombre o incluso un apellido.

La diputada Bárbara Dipmna Morán Añorve (de Morena) presentó una iniciativa para precisar los motivos por los que se permite el cambio de nombre, pues señaló que la actual legislación es confusa e incluso contradictoria entre sí.

Su propuesta contempla modificar varios artículos del Código Civil del estado, para adecuar en qué situaciones procedería la modificación del acta de nacimiento y en cuáles se haría solo rectificación.

En principio prevé derogar el artículo 70, que es el que considera confuso y contradictorio con otras disposiciones.

En el artículo 71 plantea cambios de redacción, mientras que en el 73 se precisaría: “la modificación del nombre de una persona, no liberan ni eximen a ésta de las obligaciones y responsabilidades que haya contraído con el nombre anterior”.

El artículo 931 actualmente solo permite la rectificación del acta para “variar” algún nombre o apellido, pero la propuesta es que ahora también permita la eliminación.

Con ello el texto señalaría que la rectificación procedería “por enmienda, cuando se solicite variar o eliminar algún nombre, apellido u otra circunstancia esencial, así como en el caso en que concurran defectos esenciales y accidentales en el contenido de las actas”.

Finalmente en el 936 y el 937 se precisaría lo que se consideran ”yerros mecanográficos” y “errores accidentales”, a fin de que estos se puedan corregir ante la dirección del Registro Civil.

Nuevo concepto de violencia familiar

La diputada María del Carmen Saavedra Fernández (igual de Morena), planteó por su parte una iniciativa para un concepto más amplio de violencia familiar.

Su intención es que el artículo 284 Bis del Código Penal del estado también reconozca las agresiones psicológicas y económicas como violencia familiar.

De esta manera el texto diría: “se considera como violencia familiar la agresión física, psicológica, económica, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica”.

Las iniciativas de Morán Añorve y Saavedra Fernández fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.