La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las intenciones del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien buscaba tumbar la decisión de una ministra que dio entrada a un amparo presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionado sobre la obligación que deben tener los jueces de control cuando emiten sentencias definitivas.  

La UIF solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre la necesidad que tienen los jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que una vez emitidas sus sentencias definitivas, ordenen a los condenados que ratifiquen por escrito cuando deciden no impugnar el fallo.  

En septiembre de 2018, Duarte fue condenado a nueve años de prisión y en la audiencia se desistió de apelar su condena. Sin embargo, interpuso un juicio alegando que nunca fue su intención desistirse.  

El amparo en revisión de la UIF está en manos de la ministra Margarita Ríos-Farjat. Ante esta situación, Javier Duarte interpuso un recurso de reclamación, y hoy el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declararlo infundado, propuesta que fue avalada por tres de los cinco ministros de la Primera Sala de la Corte. 

En diciembre de 2019, el Primer Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Javier Duarte y ordenó al juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, dar trámite al recurso de apelación del ex gobernador porque estaba claro que la intención del ex funcionario no era desistirse de la impugnación contra su condena.  

En febrero de 2020 la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite la apelación del ex gobernador de Veracruz, quien buscaba que se cancelara o redujera su sentencia.  

En mayo del mismo año, la magistrada ratificó la sentencia de nueve años de cárcel. Porras Odriozola también revocó el aseguramiento de 40 propiedades, pero dejó claro que esto no implicaba devolverlos a Javier Duarte, porque los inmuebles forman parte de otros juicios que aún están en curso, porque no se sabe quiénes son los verdaderos propietarios.