El Ayuntamiento de Puebla estaría aún vinculado con Andrés García Viveros para que promueva un amparo que lo proteja del procedimiento legal que enfrenta por acoso sexual contra una trabajadora, opinó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Lo anterior porque de manera oficial el gobierno municipal no ha anunciado la separación del cargo del funcionario como titular de la Coordinación Ejecutiva de Presidencia.

“Seguramente lo que está haciendo el Ayuntamiento. Si es que no ha cumplido con el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares, es que le está dando tiempo a que promueva un amparo. Véanlos conectados, al Ayuntamiento y a la estrategia de García Viveros en su defensa; están conectados”, dijo el gobernador.

En la página oficial del Ayuntamiento, Andrés García Viveros mantiene su nombre y datos particulares de atención a la ciudadanía.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario declaró que el problema es una “bola que crece más” y de la que tenían conocimiento las autoridades pero no se hizo nada.

Pide al municipio atender conflicto del agua en Canoa

El gobernador también  refirió que están justificados los reclamos de vecinos de San Miguel Canoa por falta de agua, pero los invitó a no interferir en el proceso electoral porque podrían incurrir en un delito.

“Es responsabilidad del Ayuntamiento, no es Agua de Puebla, no es Soapap; son los llamados comités de agua que regula el Ayuntamiento”, dijo.

No obstante, comentó que la Secretaría de Gobernación ingresó en la negociación como vinculante entre la población de la junta auxiliar, la Comisión Federal de Electricidad y el municipio.

La junta auxiliar tiene un adeudo de más de un millón de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, pues el anterior comité responsable del agua potable en la localidad, no pagó el consumo de energía eléctrica de los pozos.

Barbosa hizo un llamado a no impedir la instalación de casillas en la demarcación este 6 de junio. “Qué no lo hagan, no lo hagan; que no se metan en problemas graves. Una cosa es una elección y otra cosa son los justificados reclamos de agua. Quien impide que se instalen urnas, comete delitos graves”, finalizó.