Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una decena de artículos de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por aprobarse sin una consulta previa a comunidades y pueblos indígenas.

La invalidez se aprobó este martes en sesión virtual del pleno y obedece a que la LX Legislatura tampoco consultó a personas afromexicanas y con discapacidad.

Aunque se planteó extender la invalidez a todos los artículos que contengan disposiciones que involucren a estos sectores de la población, la propuesta fue rechazada por mayoría

La ley fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y legisladores de oposición, mediante las acciones de inconstitucionalidad 131/2020 y 186/2020.

La sentencia ordena al Congreso local realizar en un plazo de 18 meses la consulta pública, a fin de reponer el proceso legislativo.

En ese año y medio toda la legislación continuará vigente, ya que la invalidez de los artículos entrará en vigor en cuanto venza ese plazo.

La resolución precisa que la consulta pública no deberá centrarse únicamente en los artículos revocados, sino que deberá englobar todos los que involucren a las personas indígenas y con discapacidad.

El proyecto de invalidez fue impulsado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, mientras que la extensión de invalidez a los demás artículos la propuso la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero solo tuvo el respaldo del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y recibió el rechazo de otros nueve integrantes del pleno.

Con este revés el Congreso de Puebla llegó a 11 juicios perdidos en la Corte, todos promovidos por la CNDH, pero hay otros pendientes de resolución también interpuestos por este órgano que encabeza Rosario Piedra Ibarra.

Los artículos revocados

De forma específica se echaron abajo los artículos del 46 al 48, así como del 51 al 56, referentes a la educación indígena e inclusiva.

Del 46 al 48 se establece la obligación del Estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

También se advierte que las autoridades educativas deberán consultar “de buena fe y de manera previa, libre e informada” cada vez que decida nuevas medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su derecho a la libre autodeterminación. 

Del 51 al 56 se enfatiza que el gobierno estatal debe facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, además de brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran.

Polémica ley

La Ley de Educación fue bautizada a nivel nacional como “Ley Barbosa” luego de que su contenido fue cuestionado por universidades y partidos políticos de oposición.

Fue aprobada en “fast-track” el 15 de mayo de 2020 por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, tan solo cuatro días después de recibir la iniciativa por parte del gobernador. 

Antes de aprobarse tuvo el rechazo de asociaciones de escuelas privadas y del Consorcio Universitario, que agrupa a las universidades más importantes del estado: la Universidad de las 

De manera pública los rectores manifestaron su descontento porque la ley se elaboró en total discreción, sin tomar en cuenta la opinión de las instituciones privadas a pesar de que con ella se regulan cuotas, trámites y planes de estudios.