La CNDH impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varias disposiciones de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por considerar que violentan u obstaculizan los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para demandar que se invaliden nueve artículos de la polémica ley aprobada el 15 de mayo.

El recurso fue presentado por Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo nacional, y tiene el número de expediente 186/2020.

Los porciones controvertidas son los capítulos VI y VIII de la norma, denominados “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva”.

Sobre la educación en comunidades indígenas se impugnaron los artículos 46 al 48, así como del 51 al 56 de la educación para personas con discapacidad.

En los primeros se establece la obligación del estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

También se advierte que las autoridades educativas deberán consultar “de buena fe y de manera previa, libre e informada” cada vez que decida nuevas medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su derecho a la libre autodeterminación. 

En lo que respecta a la educación inclusiva, se enfatiza que el gobierno estatal debe facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, además de brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran.

SCJN requiere informes 

Tras la impugnación de la CNDH, la Corte otorgo un plazo de 15 días al gobierno estatal y al Congreso del estado para remitir informes.

Al Poder Legislativo le ordenó enviar los antecedentes legislativos de la Ley de Educación, las iniciativas, los dictámenes de las comisiones, las actas de las sesiones donde se aprobó, la votación y la versión estenográfica del debate legislativo.

Al Poder Ejecutivo requirió un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la ley el pasado 18 de mayo, con lo cual quedó promulgada.

La Ley de Educación fue aprobada en “fast-track” el 15 de mayo por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, tan solo cuatro días después de recibir la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta. 

Esto a pesar del rechazo de asociaciones de escuelas privadas y del Consorcio Universitario, que agrupa a las universidades más importantes del estado.

Diputados de oposición promovieron previamente una acción de inconstitucionalidad, pero fue rechazada por no contar con el respaldo de al menos el 33 por ciento de la Legislatura local.