Mónica Mollinedo Casanova fue removida de la titularidad en la Subsecretaría de Transporte del gobierno de Puebla, por presuntas anomalías en su desempeño aunque esta información no ha sido corroborada oficialmente.

La funcionaria llegó en mayo del 2020 por recomendación del entonces subsecretario de Transportes y Vías de Comunicación, Seth Yassir Vázquez Hernández, quien recientemente dejó la dependencia en busca de una candidatura a diputado federal por Morena, que no consiguió.

Trabajadores de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) informaron a este medio que la  baja de Mollinedo fue notificada la mañana de este jueves y que estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Función Pública.

La salida de Mónica Mollinedo Casanova se da un mes después de la remoción del ex titular de la SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría.

Desde ese periodo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mantienen presencia afuera de la dependencia ubicada en Av. Rosendo Márquez de la colonia La Paz.

La extorsión y Mónica Mollinedo

Mónica Mollinedo Casanova fue contratada como analista especializada de la SMT aunque recibía percepciones económicas de directora general o subsecretaria.

En un par de ocasiones, el periodista Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, expuso las anomalías y antecedentes de extorsión por los que era investigada en la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal.

En marzo de 2017, el capitán de corbeta Francisco Ricardo Berdón Charles, quien se desempeñaba como gerente de Operaciones  en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, fue despedido por rehusarse a pagarle una cuota de cien mil pesos mensuales.

Según su denuncia, Mollinedo Casanova , entonces titular del Órgano Interno de Control del puerto de Dos Bocas, y su esposo, Manuel Fernández Ponce, quien fue rector del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra de Tabasco, lo extorsionaron en distintas ocasiones para supuestamente encubrir sus malos manejos.

“Estoy realizando una denuncia en contra de la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública que está adscrita a API Dos Bocas, que es el puerto más importante petrolero, esta señora me pidió, ella y su marido, 100 mil pesos mensuales según ella para protegerme y blindarme contra sus propias auditorías, como no acepté me corrieron de mi trabajo”, señala en su denuncia.