La vida cambia cuando se inicia la formación universitaria: de un momento a otro, la subjetivación del entorno se ve atravesada por conceptos, posturas e ideas que rodean al estudiante en su nuevo ecosistema de aprendizaje. Los más curiosos siempre saldrán del aula con ganas de más.

Daniela Itzel Jiménez Cortés comenzó a seguir el programa televisivo Derecho a Disentir desde que inició sus estudios en la ciencia jurídica en la IBERO Puebla. En su semestre de conclusión, recibió la invitación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para participar en el show. Aprovechó su intervención para contribuir al debate en búsqueda de un fin esencial: el cambio.

La joven abordó una sentencia en la que un grupo de medios de comunicación escrita impugnaron que, para que las personas a las que aluden en sus textos ejerzan su derecho de réplica, no se les solicite el ejercicio de la malicia efectiva. La Corte resolvió a favor de este colectivo, por lo que ya no es necesario que haya un agravio para ejercer el derecho de réplica, sino que se extiende a aclaraciones de todo tipo.

Ante la intención del presidente de México de desaparecer a los organismos garantes de los derechos relacionados con la información, Daniela reflexiona sobre la relevancia de estos cuerpos legales: “el hecho de que se quite esta autonomía es muy grave para un Estado democrático. Tanto la transparencia como el derecho de réplica son necesarios para vivir en un Estado en el que tengas derecho a preguntar, decir y aclarar”.

La pluralidad de opiniones y perspectivas es fundamental para prevenir violaciones a los derechos humanos. Son estos cuestionamientos los que han permitido la reforma y abrogación de leyes como las estudiadas por María José Martínez Aguerrebere para un caso en el que una mujer reclamaba la nulidad de una compra-venta realizada por su cónyuge.

Dicha legislación supuso una doble vulneración. Por un lado, la mujer tenía prohibido trabajar salvo que contara una licencia expedida por su entonces marido; por otro, el registro civil contempló un régimen de separación de bienes de forma automática. Se trata, explica la futura abogada, de una discriminación indirecta debido a la naturaleza automática del régimen matrimonial y la ley prohibitiva.

El caso demuestra la importancia de juzgar con perspectiva de género. “En ese entonces, era normal que la mujer se dedicara al cuidado del hogar; hoy en día, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres”.  La resolución final no amparó ni protegió a la mujer debido a que no hubo un juicio retroactivo, sino que se aplicaron los parámetros vigentes al momento de haberse presentado la controversia.

Niñas. Niños y adolescentes 

Otro grupo históricamente vulnerado por el ejercicio jurídico son las niñas, niños y adolescentes. Andrea Velásquez Díaz analizó dos casos similares de violencia sexual en los que se habían suscitado actos de violaciones a la inversa: dos menores de edad (varones) penetraron a dos jóvenes adultos aprovechándose de las condiciones de los agraviados.

El abordaje no fue nada sencillo para las autoridades ni para la joven. Hubo contradicciones entre el criterio que dicta que el mayor es quien debe penetrar al menor y el que dice que la violación es tal siempre que se obligue a un menor a tener relaciones sexuales aprovechándose de su edad. La búsqueda exhaustiva de una tipificación adecuada permitió que los actos no fueran considerados como casos ambiguos de abuso sexual.

Durante el programa, la alumna de la IBERO Puebla conversó con estudiantes de psicología que explicaron cómo hay ciertas conductas que los menores pueden presentar cuando experimentan sucesos traumáticos. “Hablamos de chicos en pleno desarrollo que no saben realmente qué pasa con sus cuerpos

Espacios como el programa televisivo de Justicia TV representan experiencias profesionales que ayudan a los jóvenes a conocer cómo funciona la justicia constitucional en México, cuáles son las discusiones y las tendencias contemporáneas del derecho constitucional y los derechos humanos y cómo decide la SCJN, expresa el coordinador de la Licenciatura en Derecho, Simón Hernández León.

La participación en un espacio público es igualmente valorada por el alumnado y por la Coordinación. Andrea, consciente del valor de que todas las opiniones sean escuchadas, insta a sus compañeros a sumarse a foros similares. Lo propio hace María José, quien considera que espacios como Derecho a Disentir “ayudan a adquirir confianza en nosotros mismos y al momento de debatir con otras personas”.

Gracias al abordaje de temáticas complejas y muy diversas, cada una y cada uno de ellos han puesto en práctica los principios fundantes de la educación jesuita: compromiso con la realidad y sensibilidad hacia la otredad.

“Ya no nos gusta quedarnos con lo que nos dan, sino que buscamos un cambio; esta es nuestra visión y lo que queremos aportar cuando nos toque estar en esos puestos”, concluye Daniela tras verse a sí misma del otro lado de la pantalla.