El mandatario de Morena envió este jueves al Congreso local su iniciativa de Ley del Notariado, con la cual planea flexibilizar los requisitos, prácticas y exámenes para obtener las patentes.

 

La ley vigente establece en su artículo 23 que debe existir una notaría por cada 50 mil habitantes, pero el gobernador busca reducir este requisito a menos de la mitad.

 

El artículo 9 de su iniciativa señala que para abrir una notaría ahora se deberá considerar: “la población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario por cada 20,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda”.

 

Su pretensión contradice incluso la reforma aprobada por la actual legislatura (con mayoría de Morena) a finales de 2018, que buscaba frenar la entrega de patentes que Gali Fayad realizó al final de su gobierno.

 

Dicha reforma fue para establecer que habría una notaría por cada 50 mil habitantes, pero solo de la Población Económicamente Activa, sin embargo, aunque se aprobó nunca entró en vigor, pues fue vetada por Gali Fayad.

 

Actualmente hay procesos de revocación de 29 patentes de notarías entregadas por Moreno Valle, pues Barbosa Huerta señaló que se entregaron de forma discrecional como pago de favores políticos.

 

 

Pese a esto la iniciativa de Barbosa Huerta también contempla hacer más flexibles las prácticas y los requisitos para acceder a las patentes.

 

La ley vigente señala en su artículo 31 que los aspirantes a una notaría tendrán que cumplir con un año ininterrumpido de prácticas, con al menos cuatro horas diarias.

 

La propuesta de Barbosa Huerta cambia la frase de “un año ininterrumpido” por solo “12 meses” y suprime la obligación de las cuatro horas diarias.

 

Para aspirar al cargo al día de hoy se exige ser ciudadano mexicano con más de cinco años en Puebla, pero el mandatario pretende reducir el requisito a tres años.

 

 

La ley vigente exige aprobar el examen de oposición con una calificación mínima de ocho para aspirar al cargo, pero ahora Barbosa Huerta sólo prevé en el artículo 59 de su iniciativa que el cargo sea para quien obtenga “la o las calificaciones aprobatorias más altas”.

 

Al día de hoy el examen debe ser público, tanto la prueba teórica como práctica, según el artículo 37 de la ley en vigor.

 

Pese a esto, el proyecto del gobernador contempla en su artículo 61 que sólo será pública la prueba teórica, es decir, que él práctico se mantendrá en secrecía.

 

La prueba práctica consistirá en la elaboración de un ensayo de diez cuartillas, de un tema que será sorteado en el momento, mismo que los aspirantes tendrán seis horas continuas para escribirlo.