Casi la mitad de las iniciativas aprobadas por los diputados en el Congreso de Puebla durante su segundo año de labores fueron presentadas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, según lo documentó del Instituto Promotor del Bien Común de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

María del Rosario Andrade Gabiño, coordinadora académica del instituto, explicó que del 15 de septiembre de 2019 al 14 de septiembre de 2020 fueron aprobadas 108 iniciativas, de las cuales 40.7 por ciento fueron enviadas directamente por Barbosa Huerta, entre ellas la polémica Ley de Educación.

Asimismo, Matthias Nebel, director académico del Instituto Promotor del Bien Común, alertó que esta situación es un contrasentido en la democracia de la entidad y pone en duda el desempeño del Congreso Local a cargo del legislador morenista Gabriel Biestro.

“Quien debe de vigilar y generar las leyes es el Legislativo, no el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el que pone el marco en la democracia a la acción, pero no es el inverso. Fundamentalmente este rasgo representa una cultura no democrática”, comentó.

En su opinión, este tipo de relación entre el Poder Legislativo-Ejecutivo que es muy común en el país, pero representa una monarquía y un retroceso en la vida política.

Además, consideró que esto es posible por la falta de contrapesos de las fracciones políticas de oposición y la carencia de ciudadanos críticos y organizados para exigir cuentas.

Al respecto, María del Rosario Andrade refirió que la figura de “gobernador como gran legislador” prevaleció por tener un Congreso con mayoría de Morena, el mismo partido de Miguel Barbosa.

Informó que se realizaron 67 sesiones, entre ordinarias y permanentes, en tanto, de los puntos enlistados sólo el 47 por ciento fue desahogado.

En el segundo periodo legislativo se presentaron 441 iniciativas, de las cuales se aprobó el 24 por ciento. Destaca que 50 iniciativas que estaban en la congeladora desde 2018 fueron retomadas y votadas a favor el año pasado.

Los representantes que más iniciativas presentaron fueron Morena (101), el PAN (50) y el PES (50); en tanto, el PRD y Compromiso por Puebla no presentaron ni un proyecto de ley.

Los faltistas y cumplidos

Con el 100 por ciento de asistencia a las sesiones destacaron los diputados Guadalupe Esquitín Lastiri (MC), Uruviel González Vieyra (CPP), Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN), Paola Ruiz García (Morena), Gabriel Biestro Medinilla (Morena), y Fernando Sánchez Sasia (Morena).

Mientras que los dos diputados más faltistas fueron Gerardo Islas Maldonado (PANAL) y Javier Casique Zárate (PRI).

Rosario Andrade Gabiño refirió que los diputados que participaron en el 100 por ciento de las votaciones de las sesiones a las que asistieron fueron: Rocío García Olmedo (PRI), Mónica Lara Chávez (Morena), Carlos Alberto Morales Álvarez (MC), Paola Ruiz García, Fernando Sánchez Sasia (Morena) y José Miguel Trujillo de Ita (PES).

Por otra parte, los diputados con menos del 80 por ciento de la participación en las votaciones fueron: Héctor Alonso Granados (Sin partido), Javier Casique Zárate (PRI), Marcelo García Almaguer (sin partido), Vianey García Romero (Morena) y Gerardo Islas Maldonado (PANAL).

Carecen de trabajo en comisiones

Los integrantes de las comisiones están obligados a reunirse por lo menos una vez al mes para debatir temas particulares, pero sólo seis de las 35 cumplieron con la ley.

Las Comisiones con mayor número de sesiones son Salud, Igualdad de Género, Gobernación y Puntos Constitucionales, y Derechos Humanos; mientras que la de Seguridad Pública sólo sesionó 10 veces y Desarrollo Económico 3 veces.

Rosario Andrade Gabiño reprobó el poco desempeño de los diputados locales quienes tuvieron recursos por 224 millones 265 mil 646 pesos para su labor este año, superior a la legislatura pasada que fue de 149 millones 376 mil 219 de 2018. “La legislación actual aumentó de primer momento casi 50 por ciento los recursos”.

Carencias en la Ley de Educación

De acuerdo con el análisis a la Ley de Educación refieren que se debilitó el texto de ley en uno muy amplio y repetitivo.

 “La incoherencia jurídica creada dificultará cualquier intento de implementación. Se puede prever sin embargo que la necesidad pragmática de fijar prioridades de realización será resuelta por la Secretaría de Educación, es decir que será resuelta por decisiones administrativas. Pero como los poderes públicos son partes integrantes de estas tensiones, sus resoluciones probablemente no se harán en detrimento de la autoridad pública sino de la contraparte”, sentencia.