Laboratorios Pisa, de los corporativos farmacéuticos que por años ha sido de los mayores proveedores de medicamentos del gobierno mexicano fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Pisa –es uno de los más grandes del ramo en el país– y su filial de distribución, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), quedaron inhabilitados por 30 meses y con sendas multas de un millón 170 mil 95 pesos.

La dependencia federal determinó que actuaron con dolo y presentaron información falsa para un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017.

La SFP investigó durante más de un año al corporativo, sobre todo luego de que fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de estar entre los acaparadores del mercado de distribución de medicamentos, según una nota del diario La Jornada.

La sanción se genera por un procedimiento administrativo que empezó desde 2017 a raíz de una denuncia presentada por otra empresa ante el Órgano Interno de Control en el IMSS y que fue publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación. Pisa intentó infructuosamente frenar los procedimientos respectivos con amparos.

Las empresas todavía pueden inconformarse ante la propia SFP o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En caso de ser acreditadas, no participarían en los contratos firmados con anterioridad.

Al respecto, Pisa se dijo respetuosa de las normas y disposiciones que emita el gobierno federal: Confiamos en las instituciones que hacen valer la justicia y el estado de derecho. Agregó que, de consumarse, la inhabilitación no afecta las ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general ni entidades federativas, municipios ni alcaldías en la Ciudad de México cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales.

Para este año, el laboratorio ganó 30 por ciento de contratos asignados para el abasto de medicinas en el sector público y se preparaba para participar en la compra consolidada que organiza la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

La SFP indicó en un boletín que tras una minuciosa investigación se corroboró que durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas aseguraron contar con las condiciones técnicas solicitadas; sin embargo, su información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

En años recientes esa empresa ha ganado contratos públicos por más de 28 mil millones de pesos, 4 mil millones de ellos en lo que va de este sexenio, mientras Dimesa los obtuvo por cerca de 52 mil millones.