En Puebla se plantea tipificar el delito de fraude familiar, para imponer hasta cinco años de cárcel a quienes oculten su patrimonio con el fin de no compartirlo con sus parejas o hijos.

Esconder casas, terrenos, autos o dinero sería considerado un acto de violencia económica y patrimonial, principalmente cuando las víctimas sean mujeres.

La iniciativa es promovida por la diputada priísta Rocío García Olmedo, quien alertó que es común que entre parejas se reporta un salario más bajo al real, o incluso se usan prestanombres para no compartir propiedades en un matrimonio de bienes mancomunados o en un eventual divorcio.

Refirió que se recurre a estas prácticas usualmente para entregar menos dinero para la pensión alimenticia de los hijos cuando las parejas se separan.

Su propuesta presentada en el Congreso del estado pretende modificar el Código Penal del estado para que también se fijen multas de hasta 26 mil 64 pesos.

Las penas mínimas serían de un año de cárcel y multa de 8 mil 688 pesos, de acuerdo con el artículo 407 Bis que contempla agregar.

“A quien, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito”, dicta la reforma planteada.

Su iniciativa será analizada y eventualmente aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Cárcel a testigos de delitos sexuales

En otra iniciativa se propuso imponer hasta 7 años de prisión a quienes sean testigos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad y no denuncien.

A la vez se busca eliminar la prescripción a los delitos de abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, ciberacoso, corrupción de menores y pornografía de menores.

La propuesta es de los diputados Gabriel Biestro Medinilla (de Morena) y Nora Yéssica Merino Escamilla (del PES), aunque las mismas reformas ya fueron promovidas antes por los diputados Raymundo Atanacio Luna (PT) y Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN).

El nuevo proyecto de ley también será analizado y aprobado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.