Por tres meses consecutivos, el gobierno del estado de Puebla ha ignorado una petición para transparentar las compras que ha realizado con el fin de enfrentar la pandemia de coronavirus, y que ya suman más de 1 mil 312 millones de pesos.

Fue en junio pasado cuando la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) solicitaron a la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta que detallara los nombres y contratos de las empresas con las que se realizan las compras, sin que hasta la fecha haya respuesta.

La petición de los organismos surgió a raíz de la iniciativa “Susana Vigilancia” que impulsó la agrupación Transparencia Mexicana, para que los gobiernos detallaran sus gastos para atender la emergencia sanitaria.

En la última semana el gobierno de Puebla actualizó el monto del gasto realizado, pero como ocurrió la primera vez que informó sobre el tema -en junio pasado-, no reportó el nombre de los proveedores ni los contratos que se firmaron, las cantidades y precios de artículos adquiridos, así como los procedimientos de asignación.

Necesario exigir transparencia

Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente del CPC, señaló en entrevista que a tres meses de que se realizó la petición no ha habido respuesta por parte de la administración estatal.

Se solicitó información a 21 dependencias estatales que reportaron gastos, y solo el Sistema Estatal DIF (SEDIF), que se encargó de la compra de abarrotes para la entrega de despensas, envió una respuesta, pero las áreas restantes fueron omisas en hacerlo.

Recordó que se solicitó al gobierno poblano que creara un micrositio para divulgar los contratos, lo que hasta la fecha no ha ocurrido, pues el portal electrónico de la administración estatal muestra sólo cifras totales de los gastos de cada dependencia.

Así sucede con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), que reporta 4.4 millones de pesos, pero no desglosa en qué se aplicaron, pues en su informe solo cita que realizó un “programa de contingencia sanitaria”.

El presidente del CPC indicó que ante la postura de la administración estatal toca a la sociedad civil presionar para que el gasto se transparente, a través de solicitudes de información pública, pues de lo contrario no se conocerá a detalle cómo se ejercieron los más de 1 mil 312 millones de pesos.