Por mala planeación, no contar con permisos, pagos de obras “fantasma” y anomalías en los contratos, el hospital que remplazaría al IMSS de “San Alejandro” no se ha concretado en Puebla a tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitará la entidad este sábado para presentar los avances de la reconstrucción, pero aún no hay claridad sobre el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS) que se prometió desde el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. 

Hasta este año el gobierno federal ha asignado 4 mil 288 millones de pesos para el nosocomio, pero a la fecha no hay avances y no se han programado recursos para el otro año. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió el cúmulo de anomalías que han empañado el proyecto que se edificaría en lo que era el hospital CIMA, de San Andrés Cholula. 

En su informe Resultados de la Fiscalización del Proceso de Reconstrucción, emitido en febrero, señaló que había detectado “deficiente planeación, programación y presupuestación”, ya que hasta finales de 2019 la obra tenía un avance del 3.1 por ciento. 

Ventiló además que antes de realizar los trabajos no se tramitaron los permisos ni licencias de construcción ni la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

La licitación pública internacional se publicó sin siquiera tener los estudios y proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de construcción, normas de calidad ni el programa de ejecución. 

Pagos indebidos por obras inexistentes  

La ASF exhibió que el IMSS adjudicó de forma directa 740 millones de pesos por la “dirección de las obras”, pero como se cancelaron, estos servicios ya no se requirieron y no se supo qué pasó con el dinero. 

“No se ha acreditado a la fecha de la presente revisión, octubre de 2019, la conclusión o la terminación anticipada de los servicios objeto del contrato toda vez, la fecha de término del contrato referido era el 31 de diciembre de 2018”, se indica. 

Y agrega: “no fueron ejecutados dichos servicios, sin que la entidad fiscalizada haya acreditado la terminación anticipada de los servicios objeto del contrato, toda vez que existen causas justificadas que impiden la continuación de los mismos”. 

Se constató también que el IMSS no aplicó las retenciones establecidas en el contrato por el atraso en la ejecución de los trabajos, toda vez que, conforme al programa de ejecución, la contratista debía haber efectuado trabajos por 88 millones 223 mil pesos al 31 de diciembre de 2018, pero sólo realizó trabajos que sumaban un total de 49 millones 98 mil pesos. 

Esto arroja una diferencia de 39 millones 124 mil pesos de trabajos no ejecutados, sin que se acreditara la aplicación de retenciones por 1 millón 956 mil pesos. 

Anomalías en aulas móviles  

El informe de la ASF también denota irregularidades en la renta de aulas y baños móviles rentados con recursos federales para atender las afectaciones del sismo a la infraestructura educativa. 

Se culpó al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) de no vigilar el mantenimiento de baños móviles en Chiautzingo y Tlapanalá, lo cual causó un foco de infección en alumnos sin que se sancionara a la empresa arrendadora. 

En Chiautzingo incluso se detectó que 14 de los 17 baños móviles entregados a escuelas estaban almacenados con todo y heces en una bodega, poniendo en riesgo la salud de la población. 

Sobre la reconstrucción de viviendas la ASF señaló omisiones de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de forma general, pero no aportó datos precisos sobre Puebla.