Diputados de Juntos Haremos Historia se negaron a exigir al gobierno federal y al de Puebla que garanticen el respeto a la autonomía de la BUAP, así como de las escuelas privadas que se verían afectadas con la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En sesión de la Comisión de Educación del Congreso local, legisladores de Morena y PT frenaron un punto de acuerdo que buscaba exigir también el respeto a la libertad de cátedra, al patrimonio y las políticas internas de las instituciones particulares.

Con el argumento de que no conocían el contenido del documento, el grupo afín al mandatario estatal optó por “congelar” la propuesta para que no se analizara en la sesión virtual de este jueves.

Al leerse el orden del día, Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena), señaló que los miembros de la comisión no recibieron con antelación el proyecto de dictamen, así que no podía someterse a discusión.

Por ello solicitó una votación para retirar el punto del orden del día y fue apoyada por sus compañeras de partido: Bárbara Dimpna Morán Añorve y Cristina Tello Rosas, así como de Valentín Medel Hernández (del PT).

Ante el voto mayoritario, Hugo Alejo Domínguez, presidente de la comisión, ya no pidió la votación en contra ni en abstención, así que no emitió su voto, igual que el diputado sin partido Jonathan Collantes Cabañas, mientras que el priista Javier Casique Zárate se ausentó y justificó su falta.

Demanda de autonomía y respeto a escuelas

El punto de acuerdo que se rechazó analizar iba dirigido a las secretarías de Educación Pública federal y estatal, para demandarles:

“Que sean garantes y vigilen en todo momento que se respete la autonomía de las instituciones educativas, la libertad de cátedra en las aulas y se garantice el patrimonio y políticas internas de las instituciones educativas privadas”.

Esto al advertir que la Ley de Educación aprobada el 15 de mayo da lugar a ambigüedades y podría ser “una puerta para violar derechos de las escuelas y universidades”.

El punto de acuerdo fue presentado por las bancadas del PRD, Movimiento Ciudadano (MC) y Compromiso por Puebla (CPP) en la sesión ordinaria del pleno del 3 de junio.

Respeto a la BUAP y bienes

De forma específica, el documento exigía respetar la autonomía de la BUAP, pues alerta que la ley obliga a las universidades públicas a "colaborar” con la Auditoría Superior del Estado (ASE) para verificar la aplicación de los recursos que les son destinados.

Ante ello, precisa que la Constitución “reconoce la autonomía de instituciones públicas como el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estipula que las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas se regularán en materia de infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna”.

Como la Ley de Educación señala que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas ahora pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, se exigió a la SEP dejar en claro “para todas las autoridades educativas que esa pertenencia no significa la transmisión de la propiedad o de la posesión de bienes en ninguna de sus modalidades”.

Respeto a cuotas y materias

En otro punto se demandó respetar “el derecho que tienen las escuelas particulares para determinar el costo de las colegiaturas atendiendo al nivel de excelencia en la prestación de los servicios educativos”.

Lo anterior en referencia a que el artículo 146 de la Ley de Educación señala que el gobierno estatal investigará y denunciará si considera que las cuotas de escuelas particulares son excesivas o injustificadas.

“La realidad es que la experiencia y formación de los catedráticos, las instalaciones, las actividades y materias que se imparten en escuelas privadas y universidades elevan el costo educativo, que desde luego no es obligatorio, si no optativo para cada individuo”, explica el documento.

Y alerta: “se corre el riesgo de que muchas universidades de prestigio en el estado se vean afectadas si en lugar de permitirles justificar el incremento en la colegiatura basado en la calidad, se da vista directamente a la autoridad competente”.

A la vez se exige garantizar el derecho a la libertad de cátedra en las instituciones y la facultad de elegir las materias que cursarán sus alumnos, bajo la premisa de que hay escuelas con determinadas ideologías, corrientes religiosas o políticas, y estas deben respetarse.