En Puebla se busca castigar a los gobernadores, alcaldes, secretarios o cualquier funcionario que mienta en sus comparecencias o informes de trabajo que rindan ante el Congreso del estado.

Una reforma constitucional plantea que las penas vigentes de hasta 15 años de prisión y hasta tres de inhabilitación ahora también apliquen para los servidores públicos de primer nivel.

La iniciativa impulsada por el diputado sin partido Marcelo García Almaguer contempla tipificar el delito de perjurio, para castigar “las mentiras” emitidas en los informes que se rindan ante los legisladores.

Para esto plantea modificar los artículos 53 y 57 de la Constitución Política del estado, que contienen las facultades del poder Legislativo.

En el 53 se planea establecer que los gobernantes y los titulares de secretarías u organismos deberán protestar decir la verdad en las comparecencias que están obligados a rendir en el Congreso como parte de las glosas por los informes de gobierno.

“El Congreso realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Gobernador ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a las titulares de dependencias, entidades y organismos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad, en los términos establecidos por la Ley”, indica el párrafo que se propone agregar.

En el 57 se contempla agregar tres párrafos, que digan: “el Congreso podrá llamar a comparecer a cualquier servidor público del ámbito estatal y municipal, conforme a lo establecido en la ley. Las convocatorias tendrán carácter vinculante.

Quienes comparezcan ante el Congreso podrán abstenerse de realizar declaración alguna. Sin embargo, cualquier compareciente que pronuncie algún elemento ajeno a referirse a este derecho, deberá responder cabalmente los cuestionamientos realizados.

La ley sancionará el perjurio en comparecencias parlamentarias

El proyecto de ley será analizado y, en su caso, aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Hasta 15 años de cárcel, proponen

El Código Penal del estado actualmente castiga hasta con 15 años de prisión y hasta tres de inhabilitación a los ciudadanos y servidores públicos que mientan en declaraciones, documentos oficiales o reportes de trabajo, así que se pretende extender las penas a los funcionarios de primer nivel.

El artículo 254 del código vigente advierte que serán sancionados con seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a mil quinientos días de salario (de 8 mil 866 pesos a 132 mil 990) a “quien siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad, en todo o en parte”.

El artículo 255 enfatiza que las penas se triplicarán cuando “con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado por la autoridad y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito determinado documento, afirmando un hecho falso, o negando o alterando uno verdadero o sus circunstancias sustanciales, ya sea que lo haga en nombre propio o en nombre de otro”.

Y enfatiza: “además de las penas que se refieren las fracciones anteriores, se suspenderá hasta por tres años en el ejercicio de su función, ciencia, arte u oficio al perito, intérprete o traductor que se conduzca falsamente u oculte la verdad al desempeñar sus funciones”.