De 303 peticiones de jueces,  sólo en 42  casos se asignaron escoltas, vehículos blindados, prendas de protección o medidas de seguridad provisionales, según el Informe de Labores del Consejo de la Judicatura Federal en 2019.

Jueces revelaron que les hacen descuentos mensuales y deben pagar gasolina para el personal asignado, pero además “si tienes escolta te buscan cambiar de adscripción para quitártela y por eso algunos jueces y magistrados prefieren no pedir o renunciar a sus escoltas para que no los cambien a otro Circuito”.  

Impartidores de justicia consultados revelaron que hay reglas no escritas sobre la asignación de personal de seguridad y unidades blindadas, según una nota del periódico Reforma.

A los juzgadores con personal de custodia y vehículo blindado se les descuenta la ayuda mensual de “traslados” (entre 8 mil y 10 mil pesos al mes), además de que deben pagar la gasolina.

A esa situación atribuyen que durante el mismo 2019 se retiraron un total de 145 asignaciones de vehículos, chalecos o escoltas.

En esa situación se encontraba el juez Uriel Villegas Ortiz, asesinado el martes pasado junto con su esposa, frente a su domicilio en la ciudad de Colima. Villegas confirmó en un oficio firmado el 21 de febrero del año pasado que renunciaba al vehículo, al chaleco blindado y a los escoltas.

Al final del sexenio de Felipe Calderón, el momento más violento en México, la Judicatura triplicó su flota de camionetas blindadas. El año pasado, 91 impartidores de justicia usaron unidades blindadas, 80 ya las tenían y a 11 les fue asignada por vez primera, mientras que otros 49 dejaron de usarlas, según el Informe 2019 del Consejo de Vigilancia del CJF.