De acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa, el gobierno de Puebla se ha caracterizado por ser opaco en las medidas que ha tomado para proteger los penales ante la propagación del Covid-19.   

Este viernes los investigadores del Programa de Justicia de la organización, hicieron un recuento de las acciones que han emprendido y difundido los estados para proteger a una población considerada como vulnerable por su hacinamiento y difícil acceso a  derechos como el agua, la salud, o los alimentos de calidad.

De acuerdo con los especialistas, sólo en algunas entidades como la Ciudad de México y el Estado de México se han difundido abiertamente las acciones que piensan emprender ante la población recluida, personal a cargo de su resguardo y visitantes.

En la mayor parte del país, incluyendo a Puebla, se han dado a conocer algunas medidas, pero no de manera formal ni con un alcance de cuánta población podría protegerse o las metas a conseguir.

"Puebla no es excepcional al resto de los estados. Las excepciones son aquellas entidades como la Ciudad de México que hicieron pública muchísma información, pero en general Puebla se mantiene en la media de todos los demás estados que tiene muy poca información.

"Si uno quiere saber cosas tiene que ir brincando de red social, de Facebook a Twitter, a medios de comunicación, a su página web –del gobierno estatal- para medio conocer qué medidas pudieran estar tomando", explicó el investigador Enrique Bouchot.

Entre las medidas que sí han dado a conocer algunos estados están los proyectos para liberar a grupos de población como los de mujeres embarazadas, mujeres con hijos que requieran cuidados y adultos mayores.

Sobre el impacto que ya ha tenido el Covid-19 en los penales, agregó la también investigadora Christel Rosales, hasta ahora sólo hay un informe parcial que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a inicios de mayo.

En él, el organismo señaló a inicios de mayo que en un tercio del país los centros penitenciarios reportaban 120 contagios, 78 casos identificados como sospechosos y en espera de pruebas, y 21 decesos.

"Sólo considera a 11 de las 32 entidades federativas del país. Esto, en definitiva, es sólo un botón de muestra de lo que está sucediendo en los penales", explicó la especialista.