El PAN y el PRI combatirán en Puebla la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por aprobarse sin análisis, ser excesiva e invadir la auto gestión de las escuelas privadas, según lo advirtieron.

El dirigente estatal priísta, Américo Zúñiga Martínez, aseguró este lunes que el tricolor está dispuesto a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de echar abajo las normas que vulneran derechos humanos, como la nueva en materia educativa.

En rueda de prensa por internet calificó de "retrógrada y aberrante" la legislación aprobada el viernes en el Congreso local por diputados de Juntos Haremos Historia, tan solo cuatro días después de que la envió el mandatario de Morena.

El priísta adelantó que se podría interponer una controversia constitucional porque la ley se contrapone a diversos preceptos básicos de la Constitución Mexicana.

Advirtió que la legislación aprobada el viernes invade la auto gestión a la que tienen derecho las escuelas particulares; faculta al gobierno para tenga injerencia en las decisiones de las instituciones y podrá sancionarlas si no le parece adecuado su actuar.

Esto en referencia a que la Secretaría de Educación ahora vigilará las cuotas de las escuelas privadas e investigará, a petición de los alumnos, si estas aumentan de forma injustificada. Los bienes muebles e inmuebles de las instituciones particulares pasarán a formar parte del Sistema Educativo Estatal y sus planes de estudios tendrán que ser aprobados previamente por el gobierno.

La Secretaría también regulará los colores y nombres de escuelas; a las privadas prohibirá retener documentos por falta de pago, así como condicionar la compra de uniformes, en tanto que podrá revocarles sus permisos si considera que han incumplido con alguna disposición.

PAN alista acciones

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, sostuvo que su partido también alista acciones contra la Ley de Educación y las dará a conocer en próximos días.

En rueda de prensa por separado dijo que el coordinador de los diputados locales, Oswaldo Jiménez López, se ha reunido con los sectores de inconformes y analizan una estrategia para combatir la norma.

Denunció que por ser una iniciativa de Barbosa Huerta se legisló "al vapor" sin tomar en cuenta la opinión de especialistas ni del propio Consorcio Universitario, que agrupa a seis de las universidades más importantes del estado: la BUAP, la UPAEP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac y la Universidad Madero.

Dichas instituciones acusaron que la norma vulnera la auto gestión, es ambigua en muchos artículos y excesiva en varias disposiciones.

Previamente el Centro Empresarial de Puebla (CEP-Coparmex) calificó como arbitraria la postura de los legisladores por dejar fuera de la discusión a las universidades y padres de familia.

Por su parte organizaciones civiles promovieron en la plataforma Change.org la petición "¡Que el gobierno no controle la educación privada!", con la cual buscan firmas para exigir que se frene la norma y no se promulgue.