El Congreso de Puebla impuso la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, con la cual el gobierno regulará nombres y colores de escuelas, intervendrá en cobros de instituciones privadas y ordenará a universidades públicas, como la BUAP, a cooperar con las auditorías de la ASE.

Por mayoría se aprobó la norma sin incluir las propuestas del Consorcio Universitario, conformado por la BUAP, la UPAEP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac y la Universidad Madero, que advirtieron que la nueva legislación es abusiva e incluso ilegal.

Sin cambios de fondo y sin aceptar proposiciones de la oposición, los diputados de Juntos Haremos Historia avalaron la ley este viernes tras siete horas de discusión en la sesión ordinaria del pleno, realizada por internet.

La norma de 155 artículos fue aprobada en lo particular con 26 votos a favor, nueve en contra del PRI, el PAN y José Juan Espinosa Torres (del PT), así como las abstenciones de Guadalupe Esquitín Lastiri (MC), Armando García Avendaño (PRD), Liliana Luna Aguirre (PRD), Uruviel González Vieyra (CPP) y el diputado sin partido Marcelo García Almaguer.

La legislación remplazará a la Ley de Educación vigente (promulgada en mayo del año 2000), a pesar de que el proyecto fue enviado por el mandatario de Morena apenas el lunes y se aprobó en la Comisión de Educación el jueves, también sin cambios significativos.

La rapidez del trámite se justificó con el argumento de que la nueva legislación es una armonización con la ley nacional, que por mandato federal se debía realizar a más tardar el 15 de mayo. Sin embargo, se debe mencionar que hubo un plazo de un año, pero todo se realizó en menos de una semana.

Entre los cambios que pidieron y se rechazaron se encontraba el eliminar la regulación de colores; la injerencia del gobierno en las cuotas de escuelas privadas; lo referente a la fiscalización de universidades públicas y el hecho de que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones particulares ahora serán parte del Sistema Educativo Estatal.

Bienes pasan a sistema estatal

Con la nueva Ley de Educación los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas serán parte del Sistema Educativo Estatal, pero no se precisó el nivel de injerencia que tendrá la Secretaría de Educación sobre ellos y esto fue cuestionado por el PAN, el PRI y Espinosa Torres.

La oposición coincidió en que en que se debía aclarar las consecuencias que tendrá la medida, pues advirtieron que es ambigua y se podría usar para vulnerar el derecho a la propiedad privada.

Los legisladores afines a Barbosa Huerta negaron que se vayan a expropiar escuelas o edificios, por lo que no cambiaron ni una coma al artículo 105 y quedó como originalmente se propuso: “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Regularán nombres, colores ya no

El dictamen aprobado también faculta a la Secretaría de Educación para regular los nombres de todas las escuelas del sistema, incluidas las particulares pues, como se mencionó, son parte de dicho sistema.

"Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”, advierte el artículo 112.

Lo que sí se excluyó de la ley es la regulación de colores de escuelas públicas, ya que al principio se pretendía hacer obligatorio el uso de colores "neutros" y ahora será opcional.

"Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal (así con minúsculas), serán de color neutro", indica el mismo 112.

Gobierno intervendrá en cobros

El artículo 146 faculta a la Secretaría de Educación del estado para tener injerencia en las cuotas de las instituciones privadas, pues señala que, a petición de los propios alumnos o tutores, la dependencia podrá investigar si los cobros son excesivos o injustificados.

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

Prohíben retener documentos

La norma también prohíbe a las escuelas privadas la retención de documentos personales o académicos por falta de pago, así como el condicionamiento de inscripciones o servicios por la compra de uniformes o contratación de actividades extraescolares.

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de las y los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”, sentencia el artículo 142.

En el mismo se enfatiza: “la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Las y los educandos, las madres y padres de familia, tutoras o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia”.

Ordenan cooperar en auditorías 

La nueva ley ordena a las universidades públicas, como la BUAP, a ceder a la fiscalización que decida practicarles la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a cooperar con ellas, a pesar de que el PAN y el PRI advirtieron que la medida podría utilizarse para someter con fines políticos.

El artículo 121 incluso advierte que, si en la revisión se detecta alguna anomalía, se fincarán responsabilidades civiles o penales.

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, sentencia.

Multas de hasta 868 mp

El artículo 148 establece a su vez que se castigará hasta con 868 mil 800 pesos a las escuelas privadas que incumplan con la nueva ley, aunque también podrán ser sancionadas con la revocación de permisos o clausura.

Las multas que se aplicarían a las escuelas se recortaron, ya que Barbosa Huerta primero contemplaba sanciones de hasta 2 millones 606 mil 400 pesos.