En el Congreso de Puebla se planteó crear un consejo de participación ciudadana para que integre el plan de seguridad de las escuelas de Puebla, y se propuso aumentar las penas por asaltos cuando estos se cometan contra estudiantes.

Una iniciativa pretende aumentar una cuarta parte las penas por los delitos de asalto y atraco cuando se cometan en contra de un estudiante, de modo que el castigo podría ser de hasta 25 años de cárcel y multa de 86 mil 880 pesos.

Para esto se pide reformar el artículo 297 del Código Penal del estado, a fin de que establezca:

“Si los delitos a que se refieren los artículos 294 y 295, se realice a la comunidad estudiantil de noche o si el asaltante o atracador estuviere armado, o si aquellos delitos se cometieren por varias personas conjuntamente, la prisión será de doce a veinticinco años y multa de cien a mil días de salario, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro hecho delictuoso que resulte cometido al mismo tiempo o con motivo de ellos”.

En la actualidad el código señala que los asaltos y atracos ameritan de ocho a 20 años de prisión y multa de 50 a 500 días de salario, es decir, de 4 mil 344 pesos a 43 mil 440.

Esta iniciativa es promovida por la diputada Iliana Paola Ruiz García (de Morena) y se envió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su discusión.

Quieren consejo ciudadano

Otra iniciativa contempla la creación de un consejo ciudadano que colabore con las autoridades en la elaboración del plan de seguridad de las escuelas.

La propuesta busca reformar el artículo 2 de la Ley de Seguridad Integral Escolar, para que el ente sea un órgano colegiado conformado por: “padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela”.

De acuerdo con el artículo 18 que se propone, el plan “contendrá entre otras cosas, las medidas y acciones que ayuden a cuidar la seguridad dentro de las instituciones educativas y alrededor de las mismas“.

Para esto se debe incluir la definición de seguridad escolar, que la iniciativa describe como: “condición referida al resguardo de la integridad física y psicosocial de los integrantes de la comunidad escolar, al interior de la escuela y alrededor de la misma, derivada del conjunto de acciones preventivas y de atención, coordinadas por la autoridad competente en la materia”.

La reforma es promovida por los diputados de PRD, MC y CPP y se encuentra en análisis de la Comisión de Educación.