En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla se denunció que la inspección sorpresa del gobierno del estado al Hospital Universitario de la BUAP tenía como objetivo encontrar un pretexto para clausurarlo en medio de la crisis por Covid-19.

El diputado José Juan Espinosa Torres (del PT) acusó que el “operativo” realizado este viernes por inspectores de la Secretaría de Salud fue un acto de venganza del gobernador Miguel Barbosa Huerta, tras frustrarse la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la BUAP para atender a pacientes infectados.

Luego de que en redes sociales se reportó esta tarde la presencia de personal del gobierno en el hospital, el legislador exigió al mandatario de Morena que no clausure el nosocomio por temas políticos en plena fase tres de la contingencia sanitaria.

Para esto pidió presentar por escrito su demanda mediante un punto de acuerdo que estaba a punto de votarse, aunque este buscaba que los legisladores donen en especie insumos médicos o alimenticios a personas afectadas por la pandemia.

Los integrantes de la comisión se negaron a aprobar la petición porque, en primer lugar, no le creyeron respecto a la inspección y porque señalaron que no tenía relación con el tema que se estaba discutiendo.

Aún así se puso a votación su propuesta y fue rechazada con seis votos en contra de los diputados de Juntos Haremos Historia.

La panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, presidenta de la Permanente; el priísta Nibardo Hernández Sánchez y Carlos Morales Álvarez (de MC), votaron en abstención al señalar que ponían en duda la veracidad de la acusación.

Aunque promovió la solicitud, Espinosa Torres no votó porque no es miembro de la comisión y sólo estuvo presente con derecho a voz, como el resto de los legisladores que tampoco son miembros.

La revisión de este día al Hospital Universitario fue realizada por ocho inspectores luego de que Barbosa Huerta aseguró que carece de infraestructura necesaria para atender a pacientes con Covid-19, e incluso puso a debate supuestas irregularidades en la edificación del inmueble, a pesar de que este data de la década de los 60.