El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que muestra un “nivel de insensatez enorme” la petición del ayuntamiento de Puebla para que la administración estatal le devuelva tres inmuebles que tiene en comodato.

El 7 de abril el gobierno municipal solicitó a través de un oficio la devolución de El Portalillo del Alto, ubicado en la 14 Norte 1206, donde hoy se encuentran oficinas de la Secretaría de Gobernación estatal.

Además el inmueble que ocupa la Secretaría de Movilidad y Transporte en avenida Rosendo Márquez 1501 y el depósito de motocicletas, autos, camionetas, camiones y vehículos automotores en general de la 5 Sur 14501.

El ayuntamiento argumentó que necesita espacios para reubicar a personal de seguridad que fue desalojado por el gobierno estatal de la oficina del Complejo Metropolitano C5.

El gobernador @MBarbosaMX calificó como una "insensatez" la solicitud que hizo el @PueblaAyto a su gobierno para devolver inmuebles que ahora ocupa la administración estatal @e_consulta @periodistasoy @lalogsoto pic.twitter.com/QKmrAxqzZo

— Patricia Méndez (@Patricia1mdz) April 15, 2020

Cuestionado este miércoles, Barbosa Huerta se dijo “sorprendido de verdad por el tamaño de la insensatez del contenido de ese escrito”, y por un segundo hecho “insensato, volverlo un boletín de prensa”, que fue como se dio a conocer.

Sin confirmar si haría caso o no a la petición, Barbosa expuso que será la Consejería Jurídica la que responda e indicó que no volvería a hablar del tema.

“Hay gente que avanza un paso y retrocede cinco. No tiene ninguna importancia. Veo cuál es la evidente intención de dos personas”, expuso aunque no citó por nombre a quienes se refería.

Concluyó al señalar que podrá en un cuadro al escrito y al boletín “y los voy a colgar en un muro de honor, que se va a llamar muro de la insensatez”.

Desalojo del C5 estatal fue inmediato

El pasado 23 de marzo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla fue desalojado por el gobierno estatal de las oficinas del C5 en Cuautlancingo, bajo el argumento de que los convenios de colaboración entre ambas autoridades estaban “viciados” y que el Complejo Metropolitano de Seguridad está fuera de la jurisdicción de la capital.

En un documento firmado el mismo 23 de marzo se pidió con carácter de inmediato a que el personal de la dependencia municipal abandonara las instalaciones estatales, argumentando en un primer momento que operaban en una jurisdicción ajena a su competencia.

"La base de operación de sus estados de fuerza ubicados en el Complejo Metropolitano de Seguridad, sean reubicados de forma inmediata, pronta y expedita, al espacio territorial correspondiente del municipio de Puebla, con lo cual sus actuaciones evitarán y dejarán de poner en riesgo, la vulneración del espacio territorial del municipio de Cuautlancingo", se indicó en el documento del gobierno estatal.
Se agregó que los convenios de colaboración firmados con el gobierno del estado en 2015 y 2016 estaban viciados de origen, por lo que quedaban invalidados y la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal debía abandonar las instalaciones.

La decisión se dio a unas horas de que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir la imposición de Carla Morales Aguilar como delegada del gobierno estatal en materia de seguridad en la ciudad de Puebla.