La oposición en el Congreso de Puebla derrotó a la coalición Juntos Haremos Historia y frenó la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta para castigar hasta con 8 años de cárcel y multa de 43 mil 440 pesos la operación de taxis, grúas y transporte “pirata”.

A propuesta del PAN, la iniciativa del mandatario se regresó a la comisión de Procuración y Administración de Justicia para corregirla pues se exhibieron errores y omisiones.

El PAN, PRI, PRD, MC, los diputados sin partido, el morenista Arturo de Rosas Cuevas, así como José Juan Espinosa Torres y Valentín Medel Hernández (ambos del PT) se unieron y sumaron 17 votos a favor de frenar la reforma, mientras que Morena, PES y PVEM solo juntaron 14 votos en contra.

Vianey García Romero (de Morena), prefirió votar en abstención, lo cual restó al bloque obradorista, igual que las ausencias de Raymundo Atanacio Luna (PT); Miguel Trujillo de Ita (PES), así como de los morenistas Emilio Maurer Espinosa y Olga Lucía Romero Garci Crespo, que no estaban al momento de la votación

#AHORA Con 17 votos a favor, 14 en contra y 1 en abstención, el @CongresoPue frena la iniciativa del gobernador @MBarbosaMX para castigar los taxis “piratas” y se regresa a comisiones a propuesta del PAN. pic.twitter.com/aifRvT1Ggb

— Periódico e-consulta (@e_consulta) March 4, 2020

PAN señala errores

La iniciativa se devolvió a comisiones luego de que la coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, denunció desde la tribuna errores y omisiones en la redacción del dictamen. 

Como ejemplo refirió que en ninguna parte de las consideraciones se establecieron los argumentos jurídicos para castigar el servicio de depósitos vehiculares (corralones) “piratas”.

Si bien enfatizó que “todos sabemos” que es un ilícito prestar el servicio sin permiso, refirió que en el dictamen no se sustenta con bases jurídicas, lo cual dejaría incompleta la ley.

Reformas, multas y cárcel

La iniciativa de Barbosa Huerta consistía en reformar el artículo 190 bis del Código Penal para imponer multas y cárcel a operadores y propietarios de taxis, grúas, unidades del transporte público y “corralones” pirata. 

Las penas mínimas que propuso el gobernador son de 8 mil 688 pesos y ocho años de cárcel, la suspensión de la licencia por un año y el decomiso de los vehículos en todos los casos.

La ley quedaría de la siguiente manera: “al propietario o poseedor que no cuente con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento o depósito de vehículos se le impondrán de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización.

Además se decomisará el vehículo en la comisión del delito, así como la suspensión de uno a diez años o la cancelación definitiva de la licencia para conducir expedida por la autoridad competente”.

Sanciones para concesionarios

En un tercer párrafo se advirtió que las sanciones aumentarán hasta dos terceras partes si los vehículos “pirata” son operados por quienes ya tengan permisos o concesiones de transporte público, taxis o grúas.

Con esto las penas de cárcel irían de un año y un mes, hasta ocho años, en tanto que las multas irían de 11 mil 584 a 57 mil 920 pesos.

“Si en la comisión delictiva interviene un concesionario, permisionario o un socio, representante jurídico de una concesionaria o permisionaria para el servicio público de transporte, servicio mercantil, servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento o depósito de vehículos las penas que correspondan se incrementarán de una tercera a dos terceras partes, independientemente de las sanciones administrativas a las que haya lugar”, indica el texto.