El Congreso de Puebla inició dos procedimientos contra la legislatura anterior por destinar 3 millones y medio de pesos en bonos para diputados y gastar más de lo presupuestado en 2018.

Así lo anunció el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió al poder Legislativo aclarar el destino de 3 millones 518 mil 750.04 pesos.

El también coordinador de los diputados de Morena sostuvo este lunes que el Órgano Interno de Control investiga el sobreejercicio y ya se llamó a comparecer a exfuncionarios, pero se reservó los nombres y los cargos que ocuparon.

En entrevista sostuvo que el gasto se utilizó para bonos “discrecionales” que se otorgaron a los integrantes de la LIX Legislatura por la conclusión de su gestión.

Aunque argumentó que las indagatorias le impiden señalar culpables, afirmó que cuando llegó la presente administración los recursos ya se habían autorizado y entregado a cada diputado.

El perredista Carlos Martínez Amador encabezaba la Junta de Gobierno de la pasada administración, que tenía mayoría de diputados del PAN y sus aliados.

La Legislatura anterior se fue el 15 de septiembre de 2018, así que la vigente culminó el año con los recursos disponibles y sobre ambas pesa el dictamen de la ASF.

Gastan de más y no dicen por qué

La ASF señaló que el dinero que se debe explicar corresponde a un incremento injustificado del capítulo 1000 del presupuesto, denominado “Servicios Personales”, que corresponde a los salarios y prestaciones.

En la tercera entrega del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, el organismo señaló que el Poder Legislativo se autorizó 92 millones 25 mil 300 pesos para dicho capítulo, sin embargo, al concluir el año el gasto total ascendió a 95 millones 544 mil pesos, es decir, 3.8 por ciento más respecto de lo aprobado originalmente.

En su reporte publicado el jueves, la auditoría evidenció que el incremento fue de 3 millones 518 mil 750.04 pesos, pero el Congreso no explicó en qué lo gastó, por lo que se giró una solicitud de aclaración donde se exige justificar el uso de recursos.

Ven anomalías en cuentas estatales

Diputados de la Comisión Inspectora del Congreso advirtieron que también se investigará el uso de dinero público por parte del gobierno estatal en el último año de gestión de Antonio Gali Fayad, luego de que la ASF acusó varias anomalías también.

La presidenta Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena) aseguró que los daños patrimoniales y pagos indebidos detectados en obras como el bulevar Carmelitas y la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) son solo “la punta del iceberg” de todas las irregularidades con las que se construyeron los proyectos de infraestructura en los gobiernos panistas.

En entrevista se dijo convencida de que el resto de obras morenovallistas alojan los mismos vicios, por eso afirmó que a nivel local continúa la investigación sobre los proyectos de Gali Fayad y su antecesor, Rafael Moreno Valle.

Raymundo Atanacio Luna (del PT), vocal de la Inspectora, precisó que lo auditado por la ASF corresponde a recursos federales, así que sus hallazgos son independientes a los que encontrará la Auditoría Superior del Estado (ASE) cuando revise los fondos estatales.

Se mostró seguro también de que hay un cúmulo de probables ilícitos detrás de cada obra “emblemática” de los gobiernos panistas, así que prometió que se harán públicos los detalles en cuanto la auditoría local y la comisión concluyan la investigación.