- Medio Ambiente
Ignoró Puebla recomendación de CNDH sobre el Atoyac desde 2017
El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta deberá informar al Senado por qué se ha hecho caso omiso a la recomendación que desde 2017 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la contaminación de la cuenca del río Atoyac y sus riesgos sanitarios.
La medida fue aprobada la mañana de este jueves en una sesión de la Comisión de Recursos Hidráulicos y también involucra al gobierno de Tlaxcala y a los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tepetitla, Nativitas e Ixcaquixtla.
También se consideró exigir respuesta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
A los tres niveles de gobierno también se les exhorta a coordinarse para atender la recomendación y a tomar medidas urgentes por los riesgos que implica el desarrollo industrial y el crecimiento desmesurado en torno al Atoyac.
Antes de la votación del acuerdo, el senador de Tlaxcala, Joel Molina Ramírez expuso que aunque la CNDH lanzó la recomendación desde 2017 no se le ha dado el seguimiento correcto pese a la gravedad del caso.
De acuerdo con el promotor de la iniciativa, como legislador ha recibido reclamos constantes de familiares de enfermos y deudos, que se han visto afectados por los riesgos sanitarios que implica la contaminación del río.
"Creo que el llamado que se está haciendo tanto a las autoridades federales, locales y municipales (puede lograr que) coadyuven para remediar esto porque hay registro ya de pérdidas humanas y de afectaciones especialmente con cáncer, leucemia y otras enfermedades.
"Es verdaderamente preocupante, es una cuestión que a las familias que se han acercado a nosotros, que con lágrimas en los ojos y con el registro de sus seres que ya perdieron, no se les esté haciendo caso y no se les ponga atención", dijo.
El exhorto fue aprobado por unanimidad y aunque no se fijaron plazos para que los tres niveles de gobierno respondan, se advirtió que se dará seguimiento en las reuniones mensuales de la comisión.