Mientras que el gobierno de Puebla inició el análisis para suspender las fotomultas, deshabilitó en agosto pasado las cámaras que se encontraban sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del centro comercial Angelópolis

A través de un recorrido se constató que los equipos fueron desinstalados de las carcasas que los protegían, y en otros casos el lente con el que cuentan fue cubierto con una especie de cartón.

El cobro de fotomultas en Puebla inició en agosto de 2013, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través del programa Monitor Vial que aplica sanciones a los conductores que rebasen los límites de velocidad establecidos, bajo el argumento de reducir accidentes viales. Los recursos recaudados serían canalizados a la reparación de vialidades.

Retiran cámaras

e-consulta realizó recorridos por la avenida Las Torres, en la Recta a Cholula, el bulevar del Niño Poblano y en el bulevar Atlixcáyotl.

En las dos primeras vialidades, los monitores viales aún se encuentran instalados y en el interior se observan las cámaras, aunque no es posible saber si funcionan.

Una situación distinta ocurre en el bulevar Atlixcáyotl, pues los monitores que se encuentran frente al hotel Camino Real conservan los equipos de videograbación, pero no los del módulo que se localiza frente al centro comercial Angelópolis.

Según constató e-consulta, uno de los monitores se encuentra vacío y el visor de otro fue tapado con un cartón, por lo que no operan.

El tema está en análisis.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta refirió en una entrevista que el contrato con la empresa Autotraffic, que está a cargo de la operación de los equipos, venció esta semana y analizaba si se renovaría o no, lo que se mantenía hasta este miércoles.

El programa Monitor Vial fue puesto en marcha en el segundo semestre de 2013, con el fin de infraccionar a los automovilistas que rebasaran el límite de velocidad.

Inicialmente, la ubicación de las cámaras abarcaba una decena de vialidades pero paulatinamente el número creció y fueron ubicados en carreteras del interior del estado, lo que fue criticado al señalar que la intención solo era recaudar y no disminuir el número de accidentes.

Como reacción a la medida, automovilistas poblanos decidieron emplacar en Tlaxcala, el Estado de México o en la capital del país para evadir las sanciones a los vehículos locales.

Hasta julio pasado, el gobierno del estado recaudó 582 millones 992 mil 574 pesos por la operación del programa, recursos de los que no se informó su destino.

Pocos días después, todavía en agosto, el gobierno del estado de Puebla anunció que no suspenderá las fotomultas y que alistaba una licitación pública para elegir a la nueva empresa operadora del programa, en sustitución de Autotraffic cuyo contrato venció en julio pasado.

Así lo informó la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien explicó que su dependencia seguirá cobrando hasta marzo próximo las multas generadas antes del término de funciones de la empresa anterior.

El programa Monitor Vial que contempla las fotomultas inició en el segundo semestre de 2013, durante la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, con el fin de sancionar a los conductores que excedieran los límites de velocidad.

Castro explicó que la decisión de mantener el esquema de infracciones persigue el fin de evitar accidentes viales, sancionar a los automovilistas que no respeten los límites y mediante ello, ayudar al estado a generar un ingreso.

Habrá nuevo contrato.

La funcionaria estatal confirmó en entrevista, tras salir de una reunión en Casa Aguayo, que el contrato con Autotraffic venció en julio, por lo que la Secretaría de Transportes inició un análisis para abrir una licitación pública y elegir a la empresa que ofrezca las mejores condiciones al estado para operar el Monitor Vial.

Hay que recordar que el contrato que el gobierno del estado firmó con Autotráffic en 2013 estableció un porcentaje para la empresa por el cobro de cada infracción por exceso de velocidad captado por videocámaras, el cual nunca fue aclarado.

Castro puntualizó que el proceso de licitación está a cargo de la Secretaría de Transportes, pues es el área contratante. Asimismo aclaró que Autotraffic podría participar nuevamente en el procedimiento, pues no tiene ningún impedimento para hacerlo.

En ese sentido, señaló que el programa no está cancelado sino que la continuación de su funcionamiento se aplazó para la fecha en la que la Secretaría de Transportes concrete la contratación de la nueva empresa.

“Hoy día se está cobrando todos los recursos que se generaron, si la fotomulta se cobró hasta el 31 de julio, bueno pues usted tiene un periodo para cubrir –el pago- y en paralelo se está haciendo el estudio correspondiente, el programa no está suspendido, solo se está difiriendo y se está buscando una contratación con las mejores condiciones”, detalló.

Es necesario citar que fueron inhabilitados los equipos que se encuentran sobre la Vía Atlixcáyotl, frente al centro comercial Angelópolis, debido al vencimiento del contrato con la empresa que los operaba.

Más de 580 mdp en recaudación.

Cifras oficiales indican que hasta julio pasado, el gobierno del estado había recaudado 582 millones 992 mil 574 pesos por la operación del programa desde agosto de 2013, recursos de los que se desconoce su destino aunque al iniciar el programa se dijo que serían para mejorar vialidades.

Según los datos, la recaudación ha ido disminuyendo. Entre enero y julio de 2018, la administración estatal recaudó 70 millones de pesos. En 2017 ingresaron a las arcas estatales 61.3 millones, mientras que en 2016 el cobro de infracciones sumó 52.4 millones.

En 2015 los recursos ascendieron a 143.7 millones de pesos, en 2014 fueron 239.7 millones –la cifra más alta- y entre agosto y diciembre de 2013 sumó 15.6 millones.

Aclara Autotraffic que se queda con el 25% de lo recaudado en fotomultas.

Durante los últimos dos años que Autotraffic S.A. de C.V. operó el programa de Monitor Vial en el estado de Puebla, por cada infracción impuesta a conductores que excedían el límite de velocidad, la empresa se quedaba hasta con 70% de la multa, según se detalla en los contratos correspondientes a este servicio.

Con los Ojos Abiertos solicitó tanto a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), como a la de Seguridad Pública (SSP), los contratos adjudicados a Autotraffic de 2013 a la fecha, correspondientes al programa de Monitor Vial.

Por un lado, la SFP, en atención a la solicitud con número de folio 01298719, entregó los dos contratos que se firmaron con dicha empresa durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, los cuales suman 151 millones 966 mil 414.69 pesos.

El primero de estos contratos fue el único que se entregó por medio de una licitación pública nacional, y quedó registrado con el número de expediente SA-DRMSG-001-2013.

En este contrato, firmado el 11 de febrero de 2013, se indica que la empresa sería responsable del “servicio integral para la implementación y operación de los sistemas de detección de exceso de velocidad en las vías a cargo del gobierno del estado”, por un período de 36 meses.

Como parte del servicio, la empresa debía instalar dos radares móviles y 10 fijos, así como 23 displays y seis carcasas para los equipos.

Aunque este documento se venció en febrero de 2016, el siguiente contrato que se tiene registrado con Autotraffic se firmó hasta el 8 de febrero de 2017, es decir, un año después.

En este documento, identificado con el número SFA-DRMSG-003A-2017, se acordó un pago de 16 millones 968 mil 651 pesos a la empresa por un servicio de poco menos de dos meses, pues sólo estaría vigente del 8 de febrero al 31 de marzo de 2017.

Fue a partir de entonces, con la llegada al gobierno de José Antonio Gali Fayad, que se modificó la modalidad de pago a la empresa, pues se acordó una contraprestación dependiendo del número de infracciones impuestas y cobradas, de acuerdo con los documentos proporcionados por la SSP en respuesta a la solicitud 01298619.

Fue el 31 de marzo de 2017 cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, firmó un nuevo contrato con el representante legal de Autotraffic, que, a diferencia de los otros documentos proporcionados, no cuenta con un número de identificación.

En este contrato se señala que la empresa sería responsable del “servicio integral que incluye el suministro, la instalación, el mantenimiento de nuevos dispositivos tecnológicos, así como la puesta en operación de los dispositivos tecnológicos que en la actualidad son propiedad del gobierno del estado de Puebla, para mejorar la seguridad, la eficiencia y el medio ambiente en materia de movilidad”, entre el 1 de abril de 2017 y el 13 de diciembre de 2018.

En la cláusula tercera se indica que, “como contraprestación por los servicios”, el gobierno del estado pagaría 230 pesos “por cada infracción generada y efectivamente cobrada” por medio de los dispositivos tecnológicos.

Si bien en el Reglamento de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla se establece que se podría condonar el pago de las multas a los primeros infractores, en el contrato se plasma que no se podría exentar del pago más del tres por ciento de las infracciones mensuales, para no afectar el pago a la empresa.

Posteriormente, justo al inicio de la administración de Martha Erika Alonso Hidalgo, el 14 de diciembre de 2018, se firmó el contrato SSP-DGA-C-131/2018 con Autotraffic, vigente hasta el 31 de julio de este año, fecha en que la empresa dejó de operar el servicio en la entidad.

El documento es similar al anterior, aunque con una diferencia en cuanto a los montos que la empresa recibiría. Por cada infracción relacionada con el exceso de velocidad y por “desobedecer los mecanismos utilizados para regular el tránsito”, Autotraffic recibiría 215 pesos. En contraste, por aquellas infracciones correspondientes a la invasión de los pasos peatonales en vía pública, sólo le tocarían 120 pesos.

En el Reglamento de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla se indica que las multas por rebasar los topes de velocidad, detectadas con equipos tecnológicos, pueden oscilar entre las cuatro y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce entre 337 y mil 689 pesos, aproximadamente.

Es decir, Autotraffic se quedaba con el 70 y el 20 por ciento de cada multa cobrada por el gobierno del estado, aproximadamente.

Si bien en los cuatro contratos se indica que las especificaciones del servicio se detallan en los anexos, éstos no se incluyeron en las versiones digitales proporcionadas.

Publicado originalmente en http://conlosojosabiertos.org.mx/nota/2019-10-01/autotraffic-se-quedaba-con-hasta-el-70-por-ciento-de-cada-fotomulta

En su oportunidad Autotraffic por medio de su representante Alfonso Miguel Vélez Iglesias aclaró que no es el 70%, sino el 25% el que esa empresa obtiene de cada fotomulta:

En Nota Periodística titulada “ Autotraffic se quedaba hasta con un 70% de cada fotomulta en Puebla”, misma que posteriormente fue cambiada a ““Revelan contratos con Autotraffic por fotomultas en Puebla”, publicada en fecha 01 de octubre del año 2019, en el portal electrónico de E-Consulta.com, Periódico Digital de Noticias de Puebla, en el siguiente link: https://www.e-consulta.com/nota/2019-10-01/economia/autotraffic-se-quedaba-hasta-con-70-de-cada-fotomulta-en-puebla , contiene análisis inexactos que el observatorio de transparencia denominado “Con los Ojos Abiertos” realizó a la documentación proporcionada por las Secretarías  de Planeación y Finanzas y Seguridad Pública mediante solicitudes de información con folios 01298719 y 01298619 respectivamente, la cual, al haber sido divulgada en los términos realizados,  causa agravios, de imagen  y atenta contra la reputación y trayectoria de mi representada, para lo cual es menester realizar las siguientes aclaraciones:

1. Durante los 6 años que Autotraffic S.A. de C.V mantuvo una relación contractual con el Gobierno del Estado de Puebla, en promedio total percibió por concepto de contraprestación el 25% del Monto total de lo recaudado por la Autoridad.

2. Por lo que hace al señalamiento de que la empresa se quedaba con el 70% de la multa impuesta a conductores que excedían el límite de velocidad, es importante aclarar, que el autor de la nota periodística no realizó el análisis de lo preceptuado por el artículo 74 bis del Reglamento de la Ley de Vialidad.

3. Respecto a la cantidad de $151 966 414.69 (Ciento cincuenta y un millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 69/100 M.N.) que suman los dos primeros contratos celebrados con el Gobierno del Estado, es de aclarar que se refiere a los montos máximos que la entonces Secretaria de Administración del Gobierno Estatal se comprometía a pagar con motivo de estos instrumentos, sin que ello signifique que tal cantidad haya sido realmente pagada a la empresa.

4. Es de aclararse que en el período comprendido de febrero de 2016 a febrero de 2017 si existió una relación contractual entre mi representada y el Gobierno Estatal, esto debido a una ampliación en la operación de los servicios.

5. Por lo que hace al análisis realizado a la fracción Tercera del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 31 de marzo de 2017, el mismo resulta erróneo, toda vez que su autor omitió agotar el estudio de la Cláusula aludida correlacionada con el artículo 74 bis, inciso A) del Reglamento de la Ley de Vialidad.

Anuncian regreso de fotomulta con 157 radares para enero de 2020.

El gobierno del estado abrió en diciembre pasado una licitación pública nacional para contratar a una empresa que monitoree la velocidad de los automóviles y administre infracciones a través de “fotomultas”, por medio de 157 radares que deberán aplicar unas 380 mil infracciones al mes.

El servicio que la administración estatal contratará también debe detectar a vehículos que sean buscados, a través de sus placas y del sistema de control vehicular, según se indica en el concurso GESAL-053824/2019. 

El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó en agosto pasado que retomará el programa de fotomultas que inició en el segundo semestre de 2013, durante la gestión del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, con el fin de sancionar a los automovilistas que excedieran los límites de velocidad.

El programa fue operado por la empresa Autotraffic hasta julio pasado, cuando concluyó su contrato, durante la gubernatura interina.

Los dispositivos serán parte del estado después de 3 años.

Según se indica, se contratará una empresa que implemente una plataforma digital para monitorear la velocidad, administre infracciones y detecte a vehículos buscados.

En el documento no se asienta el lugar físico en el que los radares serán colocados, ya que serán dados a conocer a la ganadora del procedimiento hasta que se firme el contrato.

El periodo para la prestación del servicio será por tres años, del primero de enero de 2020 al 31 de diciembre del 2022.

Colocarán 157 radares

De acuerdo con la convocatoria, se colocarán 157 dispositivos fijos para la detección de exceso de velocidad, procesamiento de evidencias, generación de multas por rebasar límites y su envío al propietario del vehículo identificado para su posterior pago.

Entre las características que deberán tener los radares, destacan la capacidad de identificar con “toda precisión” a los vehículos a exceso de velocidad, que capture una imagen de la placa y de la unidad, en un rango de 10 a 200 kilómetros por hora.

Los dispositivos también deberán tener un rastreo de al menos 25 vehículos simultáneamente, operar 24 horas, cámara a color e infrarroja, GPS, límite de velocidad establecido,

Al finalizar el contrato, los 157 dispositivos para detección de velocidad serán propiedad del gobierno estatal, debidamente facturados por parte del proveedor con su correspondiente acta de entrega.

La empresa deberá considerar lo necesario para la instalación de los dispositivos y se le facilitarán los permisos necesarios.

El mantenimiento de los equipos también estará a cargo de la proveedora, por lo que tendrá que realizar una revisión física por lo menos una vez al mes.

De acuerdo con las cláusulas de contratación, el proveedor deberá entregar las fotomultas en el domicilio de los propietarios de vehículos infractores.

En caso de no poder entregar la correspondencia por no encontrarse nadie que la reciba se deberá de indicar la fecha en la que se realizó la visita y depositarse bajo la puerta.

Sobre la instalación de los equipos se indica que los primeros 20 se instalarán en los 15 días naturales a partir de la emisión del fallo. Los 137 equipos restantes deberán de ser instalados en un lapso no mayor a 105 días naturales a partir de la primera entrega.

Va cuota de 380 mil infracciones mensuales.

El proveedor deberá de procesar por lo menos 380 mil infracciones mensuales, según los parámetros establecidos en los dispositivos tecnológicos, una vez que la totalidad de los equipos estén instalados. En caso de no llegar a dicha cifra en el corte mensual, el servicio no será pagado por la contratante.

Hasta agosto pasado, cuando dejaron de operar las fotomultas, su costo era de 564 pesos la mínima y mil 612 pesos la más alta.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas al portal Serendepia, los recursos recaudados por el cobro de las multas entre septiembre de 2013 y agosto de 2019, sumaron 689 millones 198 mil 429 pesos.

Los monitores se encontraban en las siguientes vialidades:

-Autopista Puebla- Atlixco, 110 km/h

-Periférico Ecológico, 90 Km/h

-Vía Atlixcáyotl, 80 Km/h

-Recta a Cholula, 80 Km/h

-Bulevar Forjadores, 70 Km/h

-Calzada Zavaleta, 70 Km/h

-Bulevar Atlixco, 70 Km/h

-Bulevar Valsequillo, 70 Km/h

-Avenida Cúmulo de Virgo, 70 Km/h

-Avenida Las Torres, 70 Km/h

-Bulevar del Niño Poblano, 70 Km/h

Autopistas estatales (velocidad máxima 110Km/h)

-Tlaxco-Huauchinango, 110Km/h

-Puebla- Teziutlán, 110Km/h

-Atlixco- Cuautla, 110Km/h

Accesos monitoreados (velocidad máxima 110Km/h)

-Tepeaca-autopista a Córdoba

-Tepeaca-Tepexi de Rodríguez

-Tehuacán-San Gabriel Chilac

-Tehuacán-Coxcatlán

Sin embargo, el 21 de diciembre se advirtió de una licitación amañada para operar las fotomultas en Puebla:

Empresas que participaron en la licitación para operar las fotomultas en el estado de Puebla advirtieron que la Secretaría de Administración estatal adjudicará la prestación del servicio hasta con un 33 por ciento de sobrecosto, según lo publicó el periódico Reforma.

El medio detalló que la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados recibió el jueves la denuncia de los empresarios contra el gobierno de Miguel Barbosa Huerta por beneficiar a la compañía Inteltráfico —hoy Intecproof—, operada por Arturo Orcí Cárdenas, quien laboró en el sexenio de Enrique Peña Nieto en la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, con sede en Los Pinos, y a quien ya se benefició con la licitación para el reemplacamiento.

El contrato para operar de nueva cuenta las fotomultas en esa entidad asciende, de acuerdo con los inconformes, a 800 millones de pesos, un servicio que estimaron en 600 millones de pesos; y adelantaron que el contrato sería entregado el viernes a la empresa Inteltráfico o Intecproof que tiene su dirección en Guadalajara, Jalisco.

Según documentos enviados a Reforma, las firmas participantes en la licitación para el servicio de fotomultas fueron Genotech, Network Gruoup Total e Intecproof, y de acuerdo con la Secretaría de Administración la primera estaría descalificada por no presentar carta original firmada por el representante legal, la segunda no atendió la precisión 6 en la junta de aclaraciones, y la tercera no cumplió con los numerales correspondientes al personal e instalaciones adecuadas para el servicio.

Este viernes la administración estatal determinó que la empresa Intecproof fue la única que cumplió con los requisitos para la contratación del servicio de fotomultas, entre las tres firmas que compitieron por el contrato.

Hizo una propuesta económica por 21 millones 491 mil 448 pesos, según se indicó durante la presentación de la evaluación técnica de las propuestas que realizaron los participantes y en la apertura de los planteamientos económicos, cantidad que difiere de lo señalado por los inconformes.

Durante el anuncio del fallo, Gualberto Guerrero Martínez, director de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, indicó que quedaron fue Grupo Gencotech y New World Group Total porque no cumplieron con las características técnicas que se estipularon e incluso incurrieron en errores administrativos.

Se indicó que la única que resultó bien evaluada fue Intecproof S.A. de C.V.

Finalmente, fue el 29 de diciembre cuando se dio a conocer el dictamen de la licitación: “Por lo anterior, el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Administración, adjudicó el contrato a la empresa Intecproof S.A. de C.V., ya que cumplió legal, técnica y económicamente. Además, el precio que ofertó está por abajo del techo presupuestario, obteniéndose una economía de 98 millones 298 mil 400 pesos con 05 centavos, lo que representa un ahorro para las arcas de la administración estatal”, señaló el comunicado gubernamental.

También el comunicado señala: Las empresas que compraron las bases de dicha licitación, fueron las siguientes: Intecproof, Network Group Total, Grupo Gencotech, Ibero Azteca 2000, Autotraffic, Mundo Tecnológico Poblano, Neology, Sosedi Internacional, Pellegrinni CMX, Global Media Servicios, Loskmar, Sistemas Digitales de Información y Mercatrade Commercial Group.

Sin embargo, en el proceso participaron solamente las tres primeras. La propuesta económica de la primera firma fue de 21 millones 491 mil 448.88 pesos mensual (773 millones 692 mil 159 pesos con 95 centavos por los 36 meses de servicio), mientras que las dos restantes fueron descalificadas por no cumplir técnicamente y legalmente, respectivamente.