La administración estatal concretó 28 proyectos para la próxima Agencia Estatal de Energía, los cuales son privados y mediante los que se crearán fuentes alternas de combustible, como la transformación de basura.

Así lo informó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Rodrigo Osorio Díaz, quien una vez que sea creado el nuevo organismo, estará al frente de este.

En entrevista tras acudir a la entrega de 250 patrullas, el funcionario estatal explicó que los proyectos son privados pero contarán con el respaldo del gobierno del estado, a fin de dar certeza jurídica a los inversionistas.

En ese sentido, detalló que los planes tienen que ver con la generación alterna de combustibles o energía, como el gas natural, la transformación de la basura, parques eólicos, entre otros, los cuales se instalarán en las regiones del estado que más los necesiten.

“… tenemos en base 28 proyectos, en su momento se irán aterrizando y estamos en un proceso de análisis desde un punto económico, social y de viabilidad porque se pueden soñar, pero el chiste es que los proyectos que comenzamos a aterrizar tengan todos los atributos para beneficio de la ciudadanía”, refirió.

Osorio estimó que los proyectos podrán cristalizarse una vez que sea creada la Agencia, la cual tendrá el estatus de Organismo Público Descentralizado, lo que podría tardar por lo menos cuatro meses más.

Habría consultas populares

El funcionario estatal refirió que aunque la ley ya prevé la realización de consultas públicas o ciudadanas para la puesta en marcha de proyectos como gasoductos o parques eólicos, hay disposición por parte de la administración estatal para cuestionar a la ciudadanía si desea o no su instalación y que de esa forma las obras no se impongan.

En el estado, comentó el funcionario, ya operan proyectos de generación de energía como parques eólicos, los cuales funcionan correctamente por la situación geográfica en la que se encuentran.

Repartirán el 2% a comunidades indígenas

Una vez que los proyectos previstos se pongan en marcha, se creará un fideicomiso para administrar el dos por ciento de lo que el estado recaude por la instalación de los proyectos y que esos recursos se entreguen a las comunidades indígenas.

Foto: Agencia Enfoque