Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan solicitaron formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, que reabran su caso.

En oficios presentados el pasado15 de noviembre por Elia Tamayo Montes y Araceli Bautista Gutiérrez como representantes, se exponen los antecedentes de la confrontación entre policías estatales y pobladores ocurrida el 7 de julio de 2014, que derivó en el fallecimiento del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y en procesos legales contra manifestantes.

Si bien la CNDH dio por cumplidas las recomendaciones que se hicieron al gobierno del ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, no hay procesos legales contra funcionarios responsables del operativo y del manejo inadecuado de la información que se generó posteriormente, señalan en el documento.

"... a la fecha consideramos que no se han fincado responsabilidades penales a los funcionarios que ejecutaron el operativo...", agregaron.

Entre esos funcionarios se menciona a Facundo Rosas Rosas, entonces titular de la Secretaría de Seguridad  Pública; a Víctor Carrancá Bourguet, ex procurador general del estado y a Juan Pablo Piña Kourzain (sic), quien fungía como consejero jurídico del gobierno estatal.

De acuerdo con la defensa del caso, la petición también se basa en que actores locales como el mismo gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, se han pronunciado porque se reabra la investigación de aquellos hechos.

Al margen de la respuesta que reciban del gobierno de López Obrador y de la presidencia de la CNDH ahora a cargo de Piedra Ibarra, se espera que en los próximos días los agraviados por el caso de Chalchihuapan den a conocer una nueva estrategia legal.