Una partida presupuestal de 23 mil millones de pesos fue ejercida por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal entre 2014 y 2018, sin que se pueda comprobar en qué se gastó.

La cantidad equivale a casi la mitad del presupuesto destinado a toda la educación básica y se ejerció sin reglas de operación, mecanismos de rendición de cuentas o de evaluación que indicaran que se utilizaron para fines educativos, dice una investigación de la organización Mexicanos Primero publicada por el diario Excélsior.

Se trata del Programa U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación de la SEP, que se creó con el objetivo de apoyar a los estados a solventar los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación mediante apoyos no regularizables.

Según Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, esos recursos se usan, por ejemplo, cuando “en un estado hay estudiantes de una normal que salen y secuestran a choferes y camiones y para resolver esas situaciones llegan a acuerdos que incluyen pagar una fiesta de fin de año”.

En su último informe, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2018 la SEP erogó por medio del programa U080 26 mil 668 millones 931 mil pesos, aunque en principio se le habían otorgado 3 mil 089 millones 480 mil pesos, pero  no acreditó cuántas personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de los subsidios, ni en qué medida esto permitió que los servicios educativos operen en su totalidad a fin de asegurar cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de población.