Falta de contratos en cursos para policías, atraso en la entrega de equipo de cómputo y un centro de justicia que no opera, fueron las principales anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que se presume un posible daño al erario por 26 millones de pesos. 

Así se indica en los resultados de la auditoría 2018-A-21000-21-1190-2019 que se practicó a ese rubro, por el que Puebla recibió 261 millones 333 mil 300 pesos en 2018, de los que se auditaron 183 millones 428 mil que equivalen al 70.2 por ciento.

No hay contratos de los cursos de capacitación

El Consejo pagó cursos para policías por 25.9 millones de pesos, sin que se formalizara un contrato o el convenio de prestación de servicios correspondiente, en incumplimiento de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por lo que la ASF previó un posible daño patrimonial por esa cantidad.

Con 9.4 millones de pesos, el Consejo adquirió equipo de cómputo y tecnologías de la información, comunicación, telecomunicación y de generación eléctrica para la coordinación general del C-5, así como licencias informáticas o intelectuales, herramientas menores, maquinaria y equipo industrial para la Secretaría de Seguridad Pública, en los que se identificó atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega, sin que se cobraran penas convencionales al proveedor.

En cuanto a la ejecución de obra pública con recursos del FASP, el organismo identificó que se gastaron 6.5 millones de pesos para el Centro de Justicia para la Mujer en el municipio de Acatlán de Osorio, sin embargo, la obra no se encuentra en operación, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública. 

En el reporte también se indica que en 2018 la entidad tenía 5 mil 791 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias siguientes: Centros de Readaptación Social, operativos 1 mil 101; administrativos 390 y Secretaría de Seguridad Pública, operativos 3 mil 311; administrativos 989; en este contexto, existe un indicador de 0.7 policías por cada mil habitantes.

Ante esas anomalías, la ASF ubicó un posible daño patrimonial por 26 millones 25 mil 700 pesos, que representan el 14.2% de la muestra auditada, por lo que se generaron una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.

Foto: Agencia Enfoque