El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) y diversos ayuntamientos tendrán que explicar el destino de 22 millones 46 mil 968.38 pesos que ejercieron con posibles irregularidades.

Esto lo detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) al revisar las cuentas públicas 2017, que evidenciaron probables daños patrimoniales o perjuicios al erario.

La semana pasada el organismo remitió al Congreso del estado 67 informes de fiscalización, mismos que fueron aprobados por los diputados para comenzar las indagatorias.

El informe con más observaciones es el de Cañada Morelos, que advierte un posible quebranto por 7 millones 452 mil 514.26 pesos en el mandato de Gaspar Rojas Torres.

Las anomalías se encontraron en la documentación de obras, recaudación de servicios públicos y gastos del ayuntamiento.

El exalcalde tendrá que aclarar el destino del dinero o sería sometido a un Inicio de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr).

UTP y TSJ deben solventar 10.8 mdp

La UTP tiene que aclarar el uso de 5 millones 732 mil 737.99 pesos, que se adjudicaron de forma directa en la gestión de Bernardo Huerta Couttolenc para contratar servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de sus instalaciones.

El monto concierne también a la compra a materiales y artículos de construcción y reparación.

El TSJ tendrá que aclarar los procesos de adjudicación de contratos por 5 millones 152 mil 513.63 pesos bajo la presidencia de Roberto Flores Toledano.

La documentación requerida corresponde al arrendamiento de edificios, mobiliario y equipo de administración durante junio, julio, octubre y diciembre de 2017.

Exalcaldes con observaciones

A Pablo Pérez Maceda le fueron observados 887 mil 762.53 pesos de su penúltimo año de gestión como presidente de Tlacotepec.

Por Tecomatlán, la exalcaldesa Inés Córdova Aguilar tendrá que rendir cuentas de 874 mil 666.96 pesos, mientras que Gregorio Ojeda Ojeda (exedil de San Salvador el Verde) habrá de hacer lo propio con los 488,281.91 pesos.

Eduardo Barojas Huerta, que gobernó Esperanza de 2014 a 2018, tiene que aclarar 457 mil 135.07 pesos y Pablo Flores Andrade, su exhomólogo de Cuapiaxtla, estará obligado a lo mismo con 455 mil 15 pesos.

Rolando Martínez Serrano tuvo observaciones por 452 mil 365.59 pesos como edil de Aljojuca y Gustavo Sánchez Martiñón por 93 mil 975.44 por su mandato en Tepeojuma.

Estas observaciones se suman a las dadas a conocer la semana antepasada en los informes de las cuentas públicas 2017 de otros 136 sujetos obligados.

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