La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó posibles daños patrimoniales millonarios cometidos por exalcaldes de Puebla, al revisar sus cuentas públicas 2017.

El perjuicio a la hacienda más alto se imputa a José Luis Valeriano Jiménez, expresidente de Chapulco, quien recibió observaciones por 4 millones 324 mil 856.08 pesos.

De acuerdo con el informe individual de fiscalización, no comprobó los ingresos por derechos para obras, la Tesorería municipal no reportó los ingresos y se detectaron irregularidades en los gastos de orden social y cultural, además de opacidad en los cobros del agua, predial y el pago de sueldos.

A Manuel Madero González se le achaca un posible quebranto de 2 millones 574 mil 458.11 pesos como alcalde de Izúcar de Matamoros.

La ASE encontró anomalías en la renta de maquinaria, la entrega de ayudas sociales y uniformes, así como en el mantenimiento de inmuebles.

El gobierno municipal además no entregó comprobables de gastos en “productos alimenticios para personas” ni de los ingresos del ayuntamiento por varios trámites y servicios.

Los informes de sus cuentas públicas donde se señalan inconsistencias fueron aprobados (igual que otros 124) el miércoles por el Congreso del estado, a fin de que la auditoría investigue y los sujetos obligados tengan oportunidad de aclarar los hechos de los que se les acusa.

De no solventar las observaciones, se enfrentarían a un Inicio de Procedimiento Administrativo y de Determinación de Responsabilidades (Ipdar), que podría derivar en multas, inhabilitaciones de hasta 12 años para ejercer un cargo público o denuncias penales ante el Ministerio Público.

No aclaró Casiano gastos de eventos

Félix Casiano Tlahque tendrá que aclarar el destino de 739 mil 94 pesos que se gastó como alcalde de Cuautlancingo para la contratación de artistas, equipo de sonido, pues se detectaron irregularidades en la organización de eventos, así como en la recaudación del predial.

En Huaquechula Edwin Mora Caballero se fue sin explicar a dónde fueron 501 mil 358.27 pesos de primas vacacionales, dominicales y bonos de fin de año, así como por la supuesta contratación de auditorías, servicios legales y de contabilidad que no comprobó.

Como presidente de Chietla Edgardo Ponce Cortés no acreditó el gasto de 450 mil 715.76 pesos con los que informó que contrató artistas y equipo de sonido para la feria, así como publicidad para difundir acciones de su gobierno.

Eliseo Morales Rosales tuvo observaciones por 346 mil 64 pesos, ya que no documentó las ayudas sociales, subsidios, gastos de orden social y cultural que llevó a cabo durante su gestión en Tilapa.

En Acatlán Guillermo Martínez Rodríguez se fue sin solventar 316 mil 309.11 pesos de la compra de artículos de oficina, fármacos y artículos médicos, así como combustibles y aditivos para los vehículos oficiales.

La ASE no halló evidencia de que haya existido lo que se compró, además de que vio como irregulares los procesos de adjudicación, porque lo pagado no coincide con lo contratado.

Por Zacapoaxtla Guillermo Lobato Toral debe explicar el paradero de 275 mil 638.98 que reportó para la renta de maquinaria, compra de uniformes y mantenimiento de vehículos oficiales, pero que no comprobó.

Edil ligado al crimen

A José Isaías Velázquez Reyes le imputan irregularidades por 273 mil 340.97 pesos a sus finanzas como presidente de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017, por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018.

En Quecholac Néstor Camarillo Medina recibió observaciones por 218 mil 182.05 pesos, por anomalías en la contratación de mantenimiento de transporte, compra de equipo de oficina y recibos del predial faltantes.

El actual diputado local del PT, Valentín Medel Hernández, deberá aclarar el gasto de 93 mil 513.11 que hizo al frente de Chilchotla para la reparación de transporte y el mantenimiento de bienes muebles.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo ya enfrenta actualmente un Ipadr por su cuenta pública 2016, en la que se le imputa un daño patrimonial de 110 mil pesos.

Velázquez Reyes también enfrenta un proceso por su cuenta pública 2016, igual que otros 35 exalcaldes y exdirectores de órganos municipales acusados de desfalcos.

Los Ipadr fueron aprobados la semana antepasada, mientras que la próxima se prevé imponer inhabilitaciones y multas por 519 millones 909 mil 421 pesos a 22 exfuncionarios tras no comprobar su inocencia durante los procesos a los que fueron sometidos.

Foto: Archivo e-consulta