Una abogada que lleva más de 60 casos de ex trabajadores del gobierno estatal, despedidos injustificadamente durante el morenovallismo, se habría encargado de destapar la cloaca en el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla y denunciar por extorsión y abuso de autoridad a su presidente, José Luis Ayala Corona.

Ahora se sabe que la denuncia que derivó en la detención del magistrado la noche del miércoles, se basa en el supuesto pago de 150 mil pesos por parte de la agraviada a José Luis Ayala, para que éste no congelara sus casos y no hiciera retenciones de impuestos infundados a sus clientes a través de la Secretaría de Finanzas.

El magistrado fue trasladado ya al Cereso de San Miguel de la ciudad de Puebla como medida cautelar de prisión preventiva, luego de que ante un juez solicitó un plazo de 144 horas para que en una segunda audiencia se determine si hay elementos para vincularlo a proceso, o no.

"Tengo que aprovechar antes de que me corran", decía Ayala Corona

Durante la audiencia celebrada la noche del jueves y que concluyó hasta las primeras horas de este viernes, se pudo constatar que el caso que permitió iniciar una investigación contra Ayala Corona por parte de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, fue el que padeció una abogada de nombre Jaqueline.

Según obra en la carpeta de investigación 465/2019/FECC, todo se inició el 28 de junio del presente año, cuando la agraviada tuvo el primer contacto con Ayala Corona en el Tribunal de Arbitraje, ya que ella tiene en su cartera de clientes a más de 60 ex trabajadores del gobierno estatal, despedidos entre 2011 y 2017 y cuyos casos ya están en etapa de ejecución por amparos directos o indirectos.

El 4 de julio, Ayala Corona habría hecho la primera solicitud de un soborno a Jaqueline al pedirle 100 mil pesos por cada uno de sus asuntos, para que no fueran congelados o bloqueados en el área de Finanzas, pues aseguró que "todos los abogados" pagaban esos incentivos si querían atención rápida.

La primera respuesta de Jaqueline fue rechazar la extorsión y se negó a pagar el dinero que presuntamente Ayala Corona le exigió, hasta que uno de sus clientes acudió a Finanzas a cobrar un cheque y descubrió que dicha área había ejercido retenciones de impuestos, injustificadas, por 256 mil pesos.

Al intentar solucionar esta situación, el personal de la Secretaría de Finanzas remitió a Jaqueline directamente con el "Manitas Ayala" (en referencia a José Luis Ayala Corona), diciéndole que era con él con quien debía arreglar dicha retención.

Posteriormente, el 11 de julio, Jaqueline nuevamente acudió a atender asuntos relacionados con cuatro de sus casos, cuando fue abordada por Ayala Corona, quien presuntamente le dijo que "dejara de lloriquear" y que simplemente accediera a dar una contribución para que no volviera a pasar lo de las retenciones.

En esa misma ocasión Ayala Corona habría asegurado que, ante su inminente salida del Tribunal de Arbitraje, con la entrada del gobierno de Luis Miguel Barbosa, "debía de aprovechar" y por ello estaba solicitando la contribución de los abogados interesados en que sus casos se solucionaran de forma ágil.

Secretaria General y titular de Ejecución y Exhorto, involucrados

Fue el 5 de agosto a las 12:30 horas cuando Jaqueline finalmente cedió a las presiones del magistrado, entregándole 100 mil pesos en efectivo a Ayala Corona luego de que sus clientes pudieron cobrar sus cheques sin las retenciones ilegales de impuestos.

Sin embargo, el 6 de agosto, a través del titular de Ejecución y Exhortos del Tribunal, Jaqueline recibió un mensaje de texto con un número de cuenta en BBVA a nombre de María Silvia Vega Ramírez, donde le indicaban que debía de pagar el resto de lo acordado.

Ella intentó hacer el depósito, pero le fue rechazado, por lo que ahora Ayala Corona fue quien la contactó para darle un segundo número de cuenta a fin de que se concretara el pago, dando una referencia de una cuenta cuya titular es Raquel Cortés Vega, que resulta ser la Secretaria General del Tribunal.

Al no poder concretar el pago de esta forma, Ayala Corona llamó reiteradamente a Jaqueline hasta que nuevamente tuvo que entregarle otros 50 mil pesos en efectivo, sin que esto significara que el acoso cesaría pues a principios de septiembre, el funcionario le volvió a exigir dinero a la agraviada.

Tras amenaza de muerte decide denunciarlo

Durante la audiencia se explicó que una llamada de Ayala Corona causó gran molestia y preocupación a la agraviada, por lo que decidió buscarlo para frenar el acoso y grabó la conversación en la que el funcionario asegura que estaba en sus manos –de Jaqueline-  que se siguiera dando trámite a sus casos.

En la grabación, que forma parte de las evidencias por parte de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, se puede escuchar a Ayala Corona decir que es intocable y que no puede "salir raspado" porque él no firma los acuerdos del tribunal y no lo pueden relacionar.

También le dice a la agraviada que no tratara de hablar sobre lo ocurrido porque "en las noticias se ve cómo aparecen los abogados cuando no se portan bien".

Jaqueline tomó estas palabras como una amenaza de muerte por lo que decidió presentar la denuncia correspondiente.

Empleados del tribunal apoyaron a la abogada para denunciar, pues aseguraron que Ayala hacía lo mismo a litigantes, además de que el personal femenino era víctima de acoso sexual por parte del "Manitas Ayala".

Lo envían a prisión como medida cautelar

Con los medios de prueba citados, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía realizó la formulación de imputación por los delitos de extorsión y abuso de autoridad, e hizo la solicitud para la vinculación a proceso a Ayala Corona.

Asesorado por el abogado José Luis Montaño de la Rosa, el magistrado decidió acogerse al término constitucional de 144 horas para decidir su vinculación a proceso, por lo que en tanto llega esa segunda audiencia, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Por lo anterior se ordenó el traslado de José Luis Ayala Corona al Cereso de San Miguel, en donde deberá permanecer internado, aunque con vigilancia médica, pues antes de la audiencia de ayer manifestó tener complicaciones de salud que requieren el uso de medicamento controlado.