El Congreso del estado concretó procesos administrativos contra 37 exfuncionarios por no aclarar el destino de 63 millones 980 mil 509.85 pesos del ejercicio fiscal 2016.

Entre los sujetos obligados que fueron sometidos a Inicio de Procedimiento Administrativo y de Determinación de Responsabilidades (Ipadr) se encuentran los expresidentes de San Pedro Cholula, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Chignahuapan, Ajalpan, Atzitzintla, Palmar de Bravo, Acatzingo y Huehuetlán El Grande.

Los procedimientos se ejecutaron debido a que ninguno solventó las anomalías detectadas en sus cuentas públicas 2016 dentro del plazo de 30 días que fijó la Auditoría Superior del Estado (ASE) el pasado 25 de julio, cuando se abrieron las investigaciones.

Del quebranto más alto se responsabiliza al diputado local del PT, José Juan Espinosa Torres, pues se le acusa de no aclarar el destino de 18 millones 749 mil 206.91 pesos, que representan el 29.3 por ciento del total general.

De ese monto, 15 millones 732 mil 860.80 corresponden a irregularidades detectadas en la ejecución de obra pública y 3 millones 163 mil 45.11 en los egresos de San Pedro Cholula, municipio que gobernó del 2014 a 2017.

Al Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (Sosapach), que encabezó Mauricio Arriaga Rivas, se le achaca un perjuicio a la hacienda pública de 3 millones 158 mil 585.06 pesos por irregularidades en obras.

Daño de 30.1 mdp en Tehuacán

En Tehuacán se señala un daño patrimonial de 30 millones 160 mil 150.11 pesos, repartidos entre la exalcaldesa priísta Ernestina Fernández Méndez; el Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat) que presidió Mario Andrades Ortiz y el Organismo Operador del Servicio de Limpia (Ooselite) a cargo de Pedro Cruz Almaraz.

A la exmunícipe se le responsabiliza de un quebranto de 13 millones 334 mil 51.44 pesos; al extitular del Oosapat uno de 12 millones 785 mil 34.72 y al del Ooselite otro de 4 millones 41 mil 63.98 pesos.

A ellos les sigue José Luis Rechy Tirado, de Compromiso por Puebla (CPP), que como munícipe de Cuyoaco no aclaró el destino de 2 millones 888 mil 630 pesos.

Luego el exalcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez (del PT), a quien se le hallaron irregularidades por 1 millón 893 mil 479.48 pesos en el ejercicio de recursos públicos.

El siguiente en la lista es el expresidente de Cuautinchán, Amelio Flores Sánchez, también del Partido del Trabajo (PT), con anomalías de 1 millón 187 mil 696.01 pesos.

Edil asesinado y alcaldes ligados a huachicol

El priísta Javier Torres Zayas enfrentará un Ipadr por un posible daño patrimonial de 713 mil 870 pesos a las arcas de Acatzingo, mientras que se investigará al exedil de Tlanepantla José Efraín García García (del PT) por anomalías de 706 mil 544 pesos, aunque fue asesinado el 12 de abril de 2018 cuando se dirigía a Tepeaca.

Rigoberto David Martínez Rosas (del PVEM) tiene observaciones por 608,810.40 pesos como alcalde de San Gabriel Chilac.

A José Isaías Velázquez Reyes (del PRD) le imputan irregularidades por 546 mil 168.94 pesos a sus finanzas como presidente de Atzitzintla, cargo durante el cual fue detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado, aunque recuperó su libertad el 24 agosto del 2018.

Al priísta Gustavo Salomón Lara Torres se le acusa de un daño patrimonial de 520 mil 918.63 en Ajalpan y a Pablo Morales Ugalde, de Pacto Social de Integración (PSI), uno de 488 mil 065.72.

Mientras el último era alcalde de Palmar de Bravo, fue aprehendido el 5 de julio del 2017 por vínculos con el robo de combustible, aunque lo liberaron el 10 de octubre del 2018.

Edil confesó “moches”

El panista José Eufracio Raúl Montes Hernández que estuvo a punto de ser destituido de la presidencia de Saltillo Lafragua por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene observaciones por 467 mil 92.31 pesos.

Prejuicio a la hacienda de Chiautzingo por 373 mil 567.69 pesos se le imputa a José Ramiro López Medina, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien el año pasado fue exhibido en audios justificando a los regidores el cobro de “moches” a constructoras.

El priísta Carlos Alejandro Valdez Tenorio tendrá que aclarar el destino de 161 mil 334.01 pesos de las arcas de Acatzingo, mientras que su compañero de partido Enrique Rivera Reyes tendrá que hacer lo mismo con 153,633.44 pesos del erario de Chignahuapan.

Un diputado y ediles asesinados

Al coordinador parlamentario del PT en el Congreso del estado, Valentín Medel Hernández, sus compañeros le abrieron un proceso por observaciones de 110 mil pesos como presidente de Chilchotla.

También al priísta Antolín Vital Martínez por un supuesto quebranto de 152 mil 259.50 pesos cuando era edil de Tepexco, cargo que ostentaba cuando fue asesinado el 24 de enero del 2017 de camino a Izúcar de Matamoros.

El expresidente municipal de Huehuetlán el Grande asesinado el 2 de agosto del 2016, José Santamaría Zavala, también será objeto de procedimiento por anomalías de 41 mil 960.03 pesos en el ejercicio de recursos.