La LIX Legislatura heredó a la nueva seis de cada 10 iniciativas que se presentaron en el Congreso del estado, ya que de las mil 296 que se plantearon en cuatro años y ocho meses, solo se atendieron 529.

La actual administración recibió 767 proyectos de ley que se encuentran en “la congeladora” en espera de ser atendidos.

La comisión que dejó más asuntos pendientes fue Gobernación y Puntos Constitucionales, encabezada por Susana Riestra Piña (de Nueva Alianza), con 108 reformas sin revisar de las 594 que recibió, es decir el 18.8 por ciento.

Le sigue Procuración y Administración de Justicia, que presidió el panista Víctor León Castañeda, ya que ignoró 104 (32 por ciento) de las 364 iniciativas que recibió para su discusión y análisis.

El aliancista Cirilo Salas Hernández dejó pendientes en la comisión de Educación 72 propuestas de ley, el 33 por ciento de las 218 que se le remitieron de enero del 2014 a septiembre del 2018.

En Salud estuvo como presidente el panista Jorge Aguilar Chedraui y no atendió 44 proyectos de los 144 que se le turnaron, es decir, que heredó el 30.5 por ciento.

Las comisiones de Atención a Personas con Discapacidad, Desarrollo Social y Comunicaciones e Infraestructura dejaron pendientes 14 iniciativas cada una, pero en el mismo orden recibieron 57, 47 y 26 durante los cuatro años y ocho meses del periodo.

La primera fue presidida por Evelia Rodríguez García, de Compromiso por Puebla (CPP); la segunda por la exaliancista Maiella Gómez Maldonado y la última por el panista Sergio Moreno Valle German.

Van por depuración

Para librar este rezago legislativo se planteó eliminar de tajo las iniciativas pendientes declarando su caducidad, aunque se pretende crear un archivo con ellas para que puedan retomarse en el futuro, presentándose como iniciativa nueva.

Esto a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la que se declararía caduca una propuesta de ley si no se dictamina en un año.

Para ello se propuso modificar el artículo 153, que actualmente da un plazo de 180 días para aprobar o desechar una iniciativa, pero si no es atendida, permite que esté en espera por tiempo indefinido y que se traspase a las siguientes legislaturas.

Con la nueva redacción propuesta el miércoles el artículo quedaría así: “las comisiones deben emitir el dictamen que proponga aprobar la iniciativa en sus términos, con modificaciones, o bien declararla improcedente. Todas aquellas iniciativas que no hayan sido dictaminadas en un año contados a partir de que sean recibidas por la comisión o por las comisiones unidas correspondientes, o pendientes de dictaminar al momento de concluir la Legislatura, caducarán pudiendo volverse a presentar como nuevas iniciativas”.

Para aplicar esta medida a los 767 proyectos de ley que están en “la congeladora”, la reforma planteada incluye un artículo transitorio que dice: “las iniciativas que al momento de entrar en vigor el presente decreto se encuentren en trámite pendientes de dictaminar, les serán aplicables las nuevas disposiciones”.

La caducidad para las iniciativas es impulsada por la diputada María del Carmen Cabrera Camacho (del PT) y será analizada por la Comisión de Gobernación, que ahora preside Vianey García Romero, de Morena.

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