Una ley de austeridad que incluirá la desaparición de escoltas para exgobernadores y la prohibición de bonos a los servidores públicos, impulsará el gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta.

El excandidato de Morena indicó que planea una reestructura a la administración pública estatal que prevé la separación de la Secretaría de Finanzas y Administración para que esta última área se encargue de revisar los gastos de los funcionarios.

Entre las características de la iniciativa de ley que enviará al Poder Legislativo una vez que asuma el cargo, destaca la eliminación de escoltas para exgobernadores.

En una entrevista que otorgó en el marco de su gira de agradecimiento por los municipios de Tepeaca y Ciudad Serdán, Barbosa indicó que ese servicio se brindará únicamente al gobernador en turno y a los funcionarios encargados de la seguridad pública.

En el caso de su seguridad particular, el gobernador electo expuso que por las funciones que realizará es necesario que cuente con un equipo de guardias, pero resaltó que este será muy reducido.

Comentó que con la nueva normativa se prohibirán bonos y se reducirá el gasto en equipos celulares, vehículos y viáticos. “Hay que trabajar bien la ley para que sea de verdad útil y no paralice al gobierno”, acotó.

Barbosa resaltó que la reestructura que planea hacer del gobierno habrá más secretarías pero acotadas en su estructura a fin de que no representen un gasto mayor.

En otro tema, indicó que no se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita que éste realizó a los municipios de San Martín Texmelucan y Atlixco, de este viernes, pero adelantó que sí sostendrá un encuentro con el mandatario en próximos días en el que el principal tema a tratar será precisamente la modernización de la administración pública poblana.

El próximo mandatario indicó que será probablemente el miércoles cuando dé a conocer los nombramientos de los secretarios de Administración, de Finanzas y de la Consejería Jurídica.

Fue en 2012 cuando el Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a propuesta del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, para que los exgobernadores de Puebla contarán con una escolta de hasta ocho elementos de forma vitalicia con cargo al erario.