En los nueve meses que van de la LX Legislatura del Congreso del estado no se revisó la cuenta pública 2016 del exgobernador Rafael Moreno Valle a pesar de que los diputados de Juntos Haremos Historia prometieron “destapar” la deuda pública que heredó.

La nueva presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, reconoció que no hay avances en el análisis de los estados financieros a pesar de que fue una de las primeras acciones que se emprendieron con el cambio de diputados.

La legisladora de Morena afirmó que tanto la secretaria como los cinco vocales no tienen idea del trabajo que hizo la comisión desde septiembre del año pasado, cuando se instaló.

Esto al afirmar en entrevista que el expresidente José Juan Espinosa Torres (del PT) condujo la comisión de forma unilateral y opaca.

Sostuvo este martes que ninguno de los integrantes sabe qué temas se atendieron en las nueve sesiones que se han celebrado a pesar de que estuvieron presentes.

Tras ser ascendida de vocal a presidenta aseguró que la comisión ahora se conducirá con transparencia y sin intereses políticos.

Se comprometió a cumplir el acuerdo de revisar las cuentas públicas del exmandatario hasta las últimas consecuencias, como prometieron los diputados de Morena, PT y PES desde la campaña.

La diputada @OlgaRomeroGC, nueva presidenta de la Comisión Inspectora del @CongresoPue, advierte que se reabrirá la cuenta pública de @JoseJuanEsp y continuará la revisión de las de @TonyGali y Rafael Moreno Valle.  @e_consulta pic.twitter.com/asBTp0w4O3

— Héctor Llorame (@HectorBLN) 11 de junio de 2019

La inactividad

El 5 de noviembre el Congreso del estado aprobó por mayoría (con oposición de PAN y PRI) reabrir la cuenta pública 2016 de Moreno Valle, así como el estado financiero del enero de 2017 --último mes de su sexenio— con el fin de revelar el endeudamiento oculto que se le ha achacado.

Aunque había negativa por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para entregar la información, los legisladores se impusieron y obligaron al entonces titular David Villanueva Lomelí a liberar la documentación.

Junto con la de Moreno Valle (fallecido el pasado 24 de diciembre) el Congreso aprobó reabrir más de 600 cuentas públicas que fueron dictaminadas en fast-track por la legislatura anterior, semanas antes de irse el 14 de septiembre del año pasado.

La mayoría obradorista consideró que el paquete de cuentas públicas se pasó por el pleno para cubrir las espaldas a alcaldes y funcionarios protegidos del morenovallismo, así como para castigar de última hora a quienes fueron críticos del exmandatario, así que se logró revocar la aprobación y la imposición de sanciones.

Entre las cuentas públicas que habían sido aprobadas estaban la 2015 del exgobernador Antonio Gali Fayad (cuando fue alcalde de Puebla), la de su sucesor Luis Banck Serrato, así como la 2016 del entonces fiscal general Víctor Carrancá Bourguet y la del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presidido en ese año todavía por Roberto Flores Toledano.

Entre las que se habían dictaminado con sanciones estaban la del panista exalcalde de la capital Luis Paredes Moctezuma; la del exedil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez (del PT) y hasta las de José Santamaría Zavala y Antolín Vital Martínez, ediles de Huehuetlán el Grande y Tepexco, asesinados en 2016 y 2017.

A pesar de la carga de trabajo que se consiguió la Inspectora, a la fecha no cuenta con conclusiones sobre las cuentas públicas que se reabrieron ni ha dado a conocer avances.

Van por José Juan Espinosa

Por ahora Romero Garci Crespo advirtió que encabezará la revisión de la cuenta pública 2016 de Espinosa Torres, destituido de la presidencia de la Mesa Directiva, de la presidencia de la Inspectora y expulsado de todas las comisiones en las que participaba.

El análisis de sus finanzas cuando era alcalde de San Pedro Cholula se llevará a cabo en vista en se frenó la aprobación de la cuenta pública el pasado 13 de mayo.

La revisión será al mismo tiempo que transcurren las investigaciones por un supuesto daño patrimonial de 30 millones de pesos detectado en su cuenta pública del 2015.

Por ese hecho fue sometido a un Inicio de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (IPADR) el 15 de marzo, cuando recién empezaba su confrontación con los diputados de Juntos Haremos Historia.

Foto: archivo e-consulta