Con el rechazo del PRI y PAN, la Comisión Inspectora solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) los dictámenes de las cuentas públicas 2016 y el primer mes de 2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Ante la propuesta impulsada por Morena, Encuentro Social y el PT, el auditor superior David Villanueva Lomelí dejó entrever que no presentará la documentacióndebido a que los ejercicios fiscales del ex mandatario ya fueron juzgados y cuentan con un principio de definitividad.  

“Cuando recibamos la solicitud, fundada y motivada, daremos la respuesta correspondiente fundada y motivada, el principio de legalidad reitera que solamente debemos hacer lo que la ley señala, no podemos salir de la ley, cuando recibamos oficialmente esto, más allá de declaraciones, lo que los ciudadanos esperan es que trabajemos dentro de la ley”, señaló Villanueva Lomelí.

Ambas posturas se observaron este miércoles durante la sesión de la Comisión Inspectora, encabezada por el diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, quien propuso la apertura de los informes.

La aprobación de las cuentas públicas de Moreno Valle se dio manera fraccionada, ya que a finales de 2016 se aprobó el periodo de enero a octubre, posteriormente la LIX Legislatura validó los meses de noviembre y diciembre (2016) y al final el periodo del 1 al 31 de enero 2017, su último mes como gobernador.

PAN y PRI se oponen

A la postura del titular de la ASE se sumó el panista Oswaldo Jiménez López, al señalar que la medida de los legisladores de Juntos Haremos Historia se alejaba de losargumentos jurídicos y privilegiaba una línea política en contra de Moreno Valle.

Aseguró que, como en materia penal, en el ámbito administrativo no puede volverse a juzgar lo que ya ha sido analizado y resuelto, pues volver a analizar las cuentas públicas de Moreno Valle equivale a que el Congreso del Estado pretenda revocar sus propias resoluciones.

En su oportunidad, Javier Casique Zárate (PRI) señaló que la ASE y la Comisión Inspectora no cuentan con la facultad para revisar el uso de recursos federales recibidos por el estado, por lo que las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo en los ejercicios fiscales del ex mandatario están a cargo de otras instancias.

Sí hay elementos para abrirlas: Espinosa

A los señalamientos de los diputados del PRI y PAN, el presidente de la Comisión Inspectora José Juan Espinosa Torres aseveró que existen elementos jurídicos para revisar los dictámenes con los que la ASE y pasada Legislatura aprobaron el uso de los recursos por parte del panista.

El legislador del PT señaló que uno de los elementos para revisar la documentación es que a pesar de que desde 2016 la federación considera como deuda pública a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), Moreno Valle incumplió con este requisito y no informó a la ASE sobre las condiciones financieras que implicaron el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco (MIB).

La diputada morenista Olga Lucía Romero Garci-Crespo señaló que la solicitud es para esclarecer aspectos financieros que no han tenido respuesta, observados incluso por la Auditoría Superior de la Federación.

Por ejemplo, expuso que en el informe de resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública del 2015 se detectaron diversas irregularidades hasta por 4 mil 570 millones de pesos, otras por más de 1 mil 75 millones de pesos derivadas de obras ejecutadas con sobrecostos, así como por obras que se pagaron y no se acreditó su existencia.

Refirió que dichos sobre costos y observaciones se dieron en las obras más destacadas de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle como el Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto Arqueológico Cholula y la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado.

La diputada de Morena recordó que el pasado 16 de mayo de este año, incluso la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República pidió a la Procuraduría General de la República abrir una investigación contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso, por el posible beneficio que obtuvieron con la instalación de la automotriz Audi en San José Chiapa, pues ella tiene en herencia una superficie de 122.5 hectáreas, lo que podría configurar delitos como conflicto de intereses y desvío de recursos públicos.

Foto / e-consulta