Un total de seis recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tienen pendientes por cumplir las autoridades en Puebla, cifra que coloca al estado en la posición 16 con más casos en el país.

Los expedientes tienen que ver con medidas para atender a las víctimas, así como con establecer garantías para no repetir violaciones a los derechos humanos.

Así se desprende del informe anual de la CNDH que presentó este lunes ante la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el informe, entre 1990 y enero de 2019, la CNDH emitió 2 mil 786 recomendaciones, de las que el 52 por ciento fueron dirigidas a autoridades estatales, lo que implica un promedio de una de cada dos. Posteriormente destacan las instancias federales, con el 37 por ciento, seguidas por los ayuntamientos con el 11 por ciento del total.

Con Piña Olaya y Bartlett, más violaciones a los derechos humanos

El informe indica que en los últimos 29 años, la CNDH dirigió al gobierno de Puebla 73 recomendaciones, de las que 69 ya fueron concluidas y cuatro se encuentran en trámite. Estas últimas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018.

El periodo entre 1992 y 1994, en el que gobernaron Mariano Piña Olaya y Manuel Bartlett Díaz, postulados por el PRI, es el que concentra el mayor número de procedimientos por violaciones a los derechos humanos, al sumar 47 que representan el 64 por ciento del total.

Los 73 casos derivaron en 308 puntos recomendatorios, de los que 281 ya fueron concluidos y 27 permanecen en trámite.

Estos últimos tienen que ver con acciones para atender a las víctimas, con establecer garantías para que las agresiones no se repitieran y con sanciones para los servidores públicos responsables de las mismas.

Tepeaca y la FGE, sin cumplir observaciones

En el mismo periodo, el gobierno del Puebla recibió dos recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos y la Fiscalía General del Estado(FGE) una. 

Uno de los puntos correspondientes a la administración estatal tiene que ver con el desalojo violento de manifestantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, en el que fue herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, la cual ya fue cumplida en su totalidad.

Otro caso tiene que ver con las ejecuciones arbitrarias, tortura a 12 personas, la detención ilegal de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la “siembra” de armas largas en dos personas muertas en Palmarito Tochapan, en mayo de 2017, la cual se encuentra en el expediente 12VG/2018.

En este último caso, la recomendación también fue dirigida a la FGE y su estatus actual es de cumplimiento parcial.

Otra recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en Puebla es la del expediente 13VG/2018 y se dirigió al ayuntamiento de Tepeaca, debido a que la CNDH detectó tortura, tratos crueles y retenciones ilegales en contra de siete personas en 2013. Su estatus es aceptada con pruebas de cumplimiento parcial.

Municipios no atienden recomendaciones

En cuanto a los puntos recomendatorios dirigidos a autoridades municipales, en el informe se indica que el ayuntamiento de Ajalpan recibió uno en 2017, que sigue en trámite hasta la fecha. 

Lo mismo ocurre en el municipio de Huejotzingo y San Martín Texmelucan cuyos gobiernos recibieron observaciones por violentar los derechos humanos en 2017, pero hasta la fecha no las han atendido íntegramente. 

Otro caso es el del ayuntamiento de Tetela de Ocampo, al que en 1997 y 2016, la CNDH envió recomendaciones pero solo atendió la del primer año.   

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