Las autoridades le negaron un amparo a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, que actualmente se encuentra encarcelado.

La defensa de Javier Duarte intentaba que no se le vinculara con una acusación de peculado por 220 millones de pesos.

Las investigaciones indican que Javier Duarte le ordenó al secretario de Finanzas que le pidiera al titular de la Comisión del Agua que transfiriera 220 millones de pesos al erario del gobierno de Veracruz.

La transacción se realizó y como el dinero no se devolvió a la Comisión del Agua, la dependencia no pudo concluir obras de agua potable ni el saneamiento de aguas.

Una juez federal consideró que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Javier Duarte.

“En ese sentido, se estima que el juez actuó conforme a lo previsto al artículo 19 Constitucional, porque es correcto que haya clasificado su intervención como, autor material en términos del artículo 38 del Código penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio De la Llave, y lo vinculara a proceso en los términos descritos”.

“Además, efectivamente, la prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo, por lo cual, de variar su situación jurídica y estar en aptitud de quedar libre, tiene acceso a solicitar una audiencia para debatir el cambio a otra medida cautelar diversa”.

El jueves 27 de septiembre de 2018, un juez condenó a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, a 9 años de prisión por los delitos de asociacióndelictuosa y por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Javier Duarte se declaró culpable de los dos delitos que se le imputan y obtuvo una condena poco severa.

Además de los 9 años de cárcel, Javier Duarte fue condenado a pagar una multa equivalente a 990 días de salario vigente, es decir, 58 mil 890.60 pesos.

La defensa de Javier Duarte solicitó al juez un proceso abreviado, como estrategia para conseguir una penalidad menor.

El juez ordenó que se le decomisaran a Javier Duarte 21 lotes de parcelas y 20 inmuebles, varios de ellos valuados cada uno en 45 millones de pesos.

La entonces Procuraduría General de la República afirmó que con el valor de los bienes decomisados no había necesidad de exigir la reparación del daño.

Foto: Twitter @CiroGomezL