El Congreso de Puebla creó su Órgano de Control Interno, que remplazará a la Contraloría y tendrá las facultades para multar, sancionar o inhabilitar al personal e incluso a diputados que enfrenten denuncias por acoso laboral o violencia de género.

Mediante una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se otorgó a esta figura la facultad de imponer también amonestaciones públicas o privadas, suspensiones o destituciones.

Si las faltas son menores, la separación temporal del cargo sería hasta de seis meses, mientras que en los casos graves la inhabilitación podría llegar a 12 años.

Por mayoría, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó este lunes las modificaciones, que también contemplan la creación de tres coordinaciones para atender las denuncias.

La de Quejas, Denuncias e Investigaciones se encargará de recibir los reportes, abrir expedientes e iniciar las pesquisas; la de Coordinación de Responsabilidades Administrativas determinará los casos que ameriten iniciar procedimientos contra los acusados, mientras que la de Auditoría Interna y Control fincará las sanciones.

Las sanciones y los criterios para determinar cuál aplicar se encuentran en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que hasta ahora no aplicaba al interior del Congreso, ya que la Contraloría solo tenía facultades para recibir quejas e investigar, pero no para castigar los delitos.

Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación, refirió que entre las conductas que ahora ya podrán ser sancionadas se encuentra el acoso laboral, la intimidación y la violencia de género.

Sostuvo en entrevista que el Órgano Interno de Control podrá investigar e imponer castigos a todo el personal, sin importar si son subalternos, mandos medios, superiores o hasta diputados.

Delitos graves irán al TJA

Precisó que los casos de corrupción o delitos mayores sí pasarán por el organismo para abrir el expediente, pero las investigaciones y sanciones correrán a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El único diputado que no votó a favor de las reformas fue José Juan Espinosa Torres (del PT), quien argumentó que se abstuvo porque las modificaciones son extemporáneas, ya que se tuvieron que haber aprobado desde 2017.

Esto al recordar que forman parte de las medidas del Sistema Nacional Anticorrupción, pero que la LIX Legislatura no atendió a tiempo.

Las reformas al capítulo I, en sus artículos del 30 al 37 y al capítulo III, en sus artículos del 201 al 204 aprobadas este día, serán turnadas al pleno para que sean avaladas por la totalidad de los diputados en la sesión ordinaria del miércoles.

En la sesión de la comisión también se aprobó declarar improcedentes 10 iniciativas promovidas en legislaturas anteriores debido a que algunas estaban repetidas, incompletas o porque a nivel federal ya se aprobó una ley similar.

Algunas de las propuestas desechadas consistían en fijar plazos para que legislar; cómo regular los gobiernos de coalición; normas en favor de las personas con discapacidad; dar facultades a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar campañas sobre los adultos mayores y del porcentaje de firmas para impulsar iniciativas ciudadanas.

Foto: Agencia Enfoque