Un niño de 9 años, identificado como Miguel, perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta en la comunidad de San Simón de Bravo, perteneciente al municipio de Quecholac, mientras que Emmanuel, de 10 años, resultó herido. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió el martes 7 de julio, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando un adolescente de 16 años presuntamente manipulaba una escopeta que se accionó. La detonación alcanzó a Miguel, quien murió a consecuencia de las heridas, mientras Emmanuel sufrió lesiones por proyectil y fue trasladado a recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Según la versión de los familiares, ambos menores habían acudido a trabajar en actividades relacionadas con el corte y venta de alfalfa, luego de que el propietario del rancho y uno de sus familiares solicitaran autorización a la madre de los niños. Horas después, los familiares fueron informados de un supuesto accidente y, al llegar al lugar, localizaron el cuerpo sin vida del menor dentro de una camioneta en un rancho de la comunidad, donde presuntamente había sido trasladado tras el incidente.

Los familiares afirmaron que el fallecimiento habría ocurrido varias horas antes de que se les notificara oficialmente. También señalaron que, al arribar al inmueble, encontraron la presencia de abogados ajenos a la familia y posteriormente acudieron ambulancias y elementos de la Policía Municipal de Quecholac. Ante esa situación, decidieron contratar representación legal propia para dar seguimiento al caso.

Además, denunciaron presuntas irregularidades durante las primeras diligencias, al asegurar que la escena pudo haber sido alterada y que en el inmueble había armas de fuego. También señalaron que inicialmente se les negó el acceso a información relacionada con la carpeta de investigación y solicitaron que el proceso se conduzca con total transparencia.

De manera extraoficial, trascendió que un familiar del presunto responsable habría solicitado apoyo a las autoridades al reportar que un joven se encontraba armado y bajo los efectos de sustancias. Asimismo, los denunciantes sostienen que allegados al señalado intentaron resolver el caso mediante acuerdos económicos; sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por la Fiscalía y forman parte de las líneas que deberán ser investigadas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos, quién era el propietario del arma y si existieron omisiones o responsabilidades adicionales. (JH)