El exgobernador Antonio Gali Fayad vetó 11 reformas a la LX Legislatura del Congreso del estado en el último trimestre de 2018, pero hasta ahora sólo tres han sido corregidas y una se encuentra en trámite.

El 17 de septiembre, dos días después de asumir su cargo, los 22 diputados de Juntos Haremos Historia impulsaron la abrogación de la “Ley Bala” (que marcó al gobierno del panista Rafael Moreno Valle) y fue aprobada por unanimidad, pero el exmandatario frenó el dictamen al afirmar que antes era necesario crear una norma que la reemplazara para regular el uso de la fuerza en la entidad.

Los legisladores intentaron subsanar las observaciones incorporando a la Ley de Seguridad Pública artículos en los que se fijaron los principios con los que lafuerza pública debe actuar ante manifestaciones y disturbios, pero el Ejecutivo devolvió la minuta de decreto insistiendo en que antes de suprimir la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales (conocida como “Ley Bala”) era necesaria una ley supletoria.

A pesar de este segundo veto, el pasado 20 de febrero se volvió a presentar en el Congreso local la iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública y el Código Penal, a fin de repetir las modificaciones aprobadas previamente, con la diferencia de que ahora se confía en que serán avaladas por el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido para que la publique en el Periódico Oficial del Estado.

Llega a SCJN pugna por “fiscal carnal” 
El tercer paquete de observaciones que recibió el Legislativo fue por su intento de echar abajo la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) --aprobada por la legislatura anterior-- con la cual se permitió a Víctor Carrancá Bourget designar a su sustituto antes de dejar el organismo, gracias a una licencia por tiempo indefinido que tramitó ante la amenaza de que los nuevos diputados lo destituyeran.
El dictamen señalaba que si después de 30 días de licencia el fiscal General no retomaba el cargo se interpretaría su “ausencia absoluta” y se procedería a nombrar a un nuevo titular de la FGE. 

Gali Fayad se negó a promulgar la reforma por considerar que iba en contra del principio de irretroactividad, pues se incorporó un artículo transitorio que advertía que la ley rendiría efectos si al momento de entrar en vigor, el fiscal se encontraba haciendo uso de la licencia, es decir, que había una advertencia directa contra Carrancá Bourget, de que si no regresaba al cargo sería destituido.

La petición del mandatario de eliminar el transitorio no ha sido acatada hasta la fecha y en su lugar los diputados promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma que permitió nombrar a Gilberto Higuera Bernal como encargado de despacho de la FGE, al argumentar que la modificación a la Ley Orgánica viola la Constitución del estado, que no reconoce la figura de encargado de despacho y señala que el Congreso es el único facultado para nombrar al titular de la fiscalía.

La reforma al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal, que retiró al Congreso la facultad de designar alcaldes sustitutos y la devolvió a los cabildos, fue observada por el exgobernador al advertir un vacío legal en caso de que los regidores no se pusieran de acuerdo en el designado, por lo que los diputados recularon y volvieron a establecer la intervención del Legislativo, pero solo si después de 15 días de la ausencia definitiva del alcalde el Cabildo no logra un consenso.

Este fue el primer veto acatado por la LX Legislatura, que a la vez logró echar abajo la llamada “Ley Banck”, pues la facultad de poner alcaldes sustitutos fue entregada al Congreso especialmente para que en 2016 se pudiera nombrar a Luis Banck Serrato como alcalde de Puebla, luego de Gali Fayad emprendiera su campaña por la gubernatura impulsado por Moreno Valle.

Dos vetos a regulación de espectaculares
La reforma a la Ley Orgánica Municipal para devolver a los ayuntamientos la regulación de los anuncios espectaculares, que estaba en manos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), fue vetada con el argumento de que invadía atribuciones del gobierno estatal y ante la advertencia de que los municipios no cuentan con la capacidad técnica para hacerse cargo de este asunto.

En un intento por corregir la iniciativa, se incorporaron modificaciones a la Ley para la Protección del Ambiente Natural, para prohibir la instalación de las estructuras metálicas en áreas verdes públicas y la colocación de más de dos en un radio de 200 metros, pero el dictamen fue observado otra vez.

La minuta de decreto aprobada el pasado 13 de febrero no cambió su contenido (más que al ampliar la restricción a un radio de 350 metros), pero se hizo pasar como si se hubiera dado cumplimiento a las observaciones con la premisa de que ahora sí será avalada por Pacheco Pulido.

Uno de los vetos que sigue pendiente de subsanar (y cuyo plazo de 30 días ya se cumplió) es el de la reforma al artículo 129 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización, que permitiría a los diputados recortar recursos a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a partir del 2019 tras evidenciarse gastos superfluos en eventos y presentaciones de libros.

Después se frenó la modificación a la Ley Estatal del Agua, que tenía la intención de que el Congreso fijara las tarifas del servicio (facultad que le fue retirada por diputados en 2015), de forma que el tabulador tarifario continúa bajo el control de la empresa Agua de Puebla, que obtuvo la concesión del servicio en 2014 gracias a Moreno Valle.

Gali frenó tres reformas antes de irse
Gali Fayad también se negó a avalar los cambios a la Ley del Periódico Oficial del Estado, que funcionarían como estrategia contra los vetos, ya que pretendíanreducir de 15 a diez días el plazo para que el gobierno estatal hiciera observaciones a las leyes salidas del Congreso, además de que establecía 10 días como límite de tiempo para que una ley entrara en vigor si no se le hacían observaciones.

El exmandatario igual hizo observaciones a las reformas a la Ley de Deuda Pública, que obligarían al gobierno estatal a transparentar los contratos de los Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) y a reconocerlos como deuda, ya que se ha acusado que este formato se utilizó en el sexenio de Moreno Valle para “ocultar” el costo real de obras entregadas a particulares.

Rechazó también la minuta que modificaba la Ley del Notariado y establecía una regulación en la entrega de patentes, aprobada al tiempo que Gali Fayad otorgaba cinco notarías en Atlixco, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Santa Clara Ocoyucan y Oriental antes de irse.

Repetirán legislación sin cambiar reformas
A todo esto el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que a la brevedad se dará cumplimiento a las observaciones y las leyes se enviarán de nuevo a la Secretaría General de Gobierno (SGG) para que sean a avaladas y promulgadas. 

Aseveró nuevamente que los vetos de Gali Fayad eran parte de una “resistencia” política y no estaban motivados en irregularidades jurídicas, así que las minutas aprobadas serán muy similares a las rechazadas bajo la lógica de que ahora serán respaldadas por el Ejecutivo. 

“Sí tomaremos en cuenta las observaciones, pero sin cambiar el sentido de las reformas que queríamos; porque los vetos se dieron porque nuestras reformas afectaban sus intereses, no porque estuvieran mal hechas”, aseveró. 

Sin precisar qué reformas se atenderán primero, reconoció que el plazo de 30 días para acatar los vetos ya caducó en todos los casos y se analiza pedir una prórroga a la SGG, ya que el retraso lo atribuyó a que el Legislativo debió designar un gobierno interino de manera imprevista luego de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.

Foto: e-consulta