El gobierno de Enrique Peña Nieto actualizó las licencias del programa Pegasus, con el que se espió a periodistas y activistas sociales en los años 2016 y 2017 con un costo de 230 millones de pesos, reveló una investigación realizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 

En la sesión ordinaria de este miércoles el pleno del INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que garantice que el programa Pegasus ya fue desinstalado de todos los sistemas de cómputo de este órgano, al tiempo de dar vista al órgano de control interno y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a la adquisición del sistema con un costo de 800 millones de pesos.  

Cabe resaltar que según investigaciones periodísticas, a través de la red de espionaje instalada en Puebla durante el sexenio de Rafael Moreno Valle se utilizó otro programa, el Galileo, para espiar periodistas y activistas sociales.

Extendió Peña contrato de programa para espiar

Según los resultados del Procedimiento de Verificación INAI.3S.07.01-007/2018, iniciado el 23 de noviembre de 2018 se determinó que el gobierno federal a través de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) firmó tres contratos para adquirir sistema Pegasus: uno en 2014 y dos más que fueron actualización de la licencia para los años 2016 y 2017. 

Según la investigación del INAI el primero tuvo un costo superior a los 600 millones de pesos y los otros dos de 230 millones de pesos para sumar más de 800 millones de pesos, equivalentes al presupuesto en un año del organismo garante de la transparencia en México. 

En su resolutivo el INAI determinó que el gobierno federal incumplió con su deber de seguridad, debido que la hoy Fiscalía no acreditó contar con un sistema de gestión y con un documento de seguridad relacionado con el manejo de datos personales. 

“Se tiene acreditada la adquisición de Pegasus. La Fiscalía no garantizó políticas públicas para la protección de datos personales”. 

Los comisionados acordaron dar vista al Secretaría de la Función Pública para que se determinen las responsabilidades administrativas por estas omisiones, así como a la Auditoría Superior de la Federación(ASF) para que inicie los procedimientos correspondientes, ya que la FGR argumentó que el sistema se adquirió pero supuestamente nunca se utilizó. 

“Una vergüenza el papel de México por espionaje”

Durante sus intervenciones los comisionados subrayaron que México tuvo un papel vergonzante a nivel internacional por el uso de esta tecnología para espiar a opositores y activistas sociales, lo que le valió críticas y recomendaciones de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

El comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que la determinación del organismo crea un precedente correctivo para nunca más se vuelva a incurrir en espionaje en México sin una autorización judicial. 

Agregó que le toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos defender la dignidad de las personas que fueron espiadas. 

La poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó la importancia de que con la resolución se siente el precedente de que cualquier intervención que viole la Ley de Datos Personales será investigada y sancionada. 

Por su parte Patricia Kurczyn Villalobos subrayó la obligación de la FGR para corroborar que el sistema Pegasus sea desinstalado del hardware de la Agencia de Investigación Criminal y que no se encuentre instalado en ningún otro hardware.

AIC debe ser investigada: MCC

El INAI dio cuenta de diversas afirmaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que comprometen “gravemente” la investigación penal abierta en la FGR por el uso de Pegasus en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, indicó la organización Mexicanos contra la Corrupción.

A través de un comunicado se expuso que la AIC ha afirmado que el malware Pegasus habría sido desinstalado de los equipos desde los cuales operó el sistema de vigilancia, lo que pudo haber constituido un acto deliberado de destrucción de evidencia, encaminado a entorpecer la investigación en torno al abuso del sistema que se sigue ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) desde 2017.

“De comprobarse la desinstalación y la destrucción de información clave relacionada con el uso de dicho malware, se habría violado la orden de resguardo que la FEADLE emitió respecto de toda información relacionada con Pegasus y se habrían cometido diversos delitos relacionados con la destrucción de evidencia y el entorpecimiento de la investigación penal”.

Asimismo, el INAI dio cuenta de las afirmaciones de la AIC de no haber utilizado nunca Pegasus –a pesar de haber adquirido el sistema en 2014 por una suma superior a 32 millones de dólares– hasta su supuesta desinstalación. Esta afirmación es abiertamente falsa y podría constituir responsabilidades penales y administrativas.

Existe evidencia fehaciente en el expediente de la investigación penal que demuestra que, al menos hasta el 6 de julio de 2018, Pegasus estaba siendo utilizado efectivamente por parte de la AIC.

La negativa de uso de la agencia también contradice las declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal anterior, como el expresidente Enrique Peña Nieto y la exprocuradora Arely Gómez, quienes aceptaron que Pegasus era empleado “de manera legal”; así como declaraciones públicas de NSO Group, empresa fabricante del malware.

De esta manera, a la necesidad de una investigación sobre la adquisición irregular de Pegasus por parte de la PGR, así como a la utilización de dicho malware en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en México, se añade la necesidad de investigar los posibles actos encaminados a entorpecer la investigación penal y encubrir a los perpetradores de estas graves violaciones a la privacidad que permanecen en la impunidad.

A la fecha, se han documentado 24 casos de intentos de espionaje con el malware Pegasus, comercializado por la empresa NSO Group, en contra de activistas, periodistas, opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos.

Estos ataques, corroborados con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se dieron en condiciones de opacidad que sugieren actos graves de corrupción.

Aunque los hechos fueron denunciados desde el 19 de junio de 2017 ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión(FEADLE), a más de 20 meses, el caso se mantiene en la impunidad para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado.

Foto: archivo e-consulta